Organizaciones civiles en EE. UU. ponen en tela de juicio la deportación de venezolanos
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció el lunes 18 de marzo que la Casa Blanca no cumplió con una orden del juez federal James Boasberg, que prohibía la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Según la ACLU, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que invocaba esta ley para deportar a quienes se sospechara que pertenecieran al Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano.
La implementación de esta orden no requería audiencias, lo que podría resultar en deportaciones masivas sin comprobantes de vínculos con el Tren de Aragua, según advierten organizaciones de derechos civiles. El juez Boasberg bloqueó provisionalmente la orden, pero, a pesar de esto, la administración Trump ha llevado a cabo al menos dos vuelos de deportación.
La ACLU afirmó que estos vuelos despegaban incluso después de que se emitiera la orden judicial, lo que significaría que podrían haberse llevado a cabo deportaciones sin retorno de los afectados a su país de origen. La ACLU argumentó que, aunque los aviones salieran del territorio estadounidense, las autoridades mantienen la custodia hasta que aterricen y entreguen a las personas a los gobiernos extranjeros correspondientes.
Por su parte, la Casa Blanca rechazó estas acusaciones, sugiriendo que el juez Boasberg no tiene autoridad en este asunto. Argumentaron que la orden judicial no tenía base legal y que los «terroristas» ya habían sido retirados antes de que se dictara la orden. Según el comunicado oficial, los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre la conducta del presidente en asuntos de política exterior bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, expresó su preocupación sobre la situación, indicando que la administración se encuentra en «un terreno muy peligroso». Según Gelernt, los tribunales tienen el deber de supervisar al poder ejecutivo en caso de incumplimiento de la ley. También destacó que los poderes conferidos al presidente por el Congreso han sido utilizados en raras ocasiones y solo en contextos de guerra.
Finalmente, se reportó que las autoridades estadounidenses enviaron el fin de semana a 238 supuestos miembros del Tren de Aragua a la supercárcel CECOT en El Salvador, invocando la misma ley, a pesar de la orden del juez federal que paralizó las deportaciones de venezolanos.
DCN/Agencias