El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, asumió su «responsabilidad» por la guerra contra las drogas tras ser entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Esto ocurrió después de que la CPI emitiera una orden de detención en su contra por supuestos crímenes contra la humanidad.
En un mensaje publicado tras su detención en Rotterdam, Duterte declaró: «Asumo la responsabilidad. Yo era el que dirigía a las fuerzas del orden y el Ejército». También indicó que había informado a la Policía y las Fuerzas Armadas que este era su trabajo y, por ende, es responsable de las acciones tomadas.
Duterte es el primer expresidente asiático que enfrenta cargos ante la CPI, acusado de haber creado y apoyado a «escuadrones de la muerte» que llevaron a cabo su política contra el tráfico y consumo de drogas. Según el gobierno filipino, aproximadamente 6,000 personas han muerto en operaciones de este tipo, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real es de alrededor de 30,000.
La CPI considera que hay «bases razonables» para imputar a Duterte por asesinato y crímenes de lesa humanidad en calidad de «cómplice» en esa campaña. Pese a esto, cientos de personas se manifestaron en La Haya en apoyo a Duterte, exigiendo su retorno a Filipinas.
La entrega de Duterte ha generado controversia en Filipinas. Aunque el país se retiró del Estatuto de Roma, el presidente Ferdinand Marcos Jr. afirmó que Manila debe cooperar con Interpol cuando la CPI emite órdenes de arresto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Filipinas rechazó esta semana una solicitud que buscaba bloquear la cooperación entre el gobierno y la CPI, así como evitar el arresto de Duterte.
Sara Duterte, hija del exmandatario y actual vicepresidenta de Filipinas, ha calificado la situación como un «secuestro» y una consecuencia de la «persecución» del gobierno hacia su familia. Esta detención ha puesto de relieve las tensiones crecientes entre las familias Duterte y Marcos, quienes alguna vez fueron aliadas, especialmente tras las elecciones de 2022. Además, Sara enfrenta un proceso de ‘impeachment’ en el parlamento debido a amenazas hacia Marcos y su familia, alegando que es víctima de un complot en su contra.
DCN/Agencias