Valencia, 12 de marzo de 2025 – La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB advirtió sobre las implicaciones de la decisión de Venezuela de no recibir a los deportados provenientes de Estados Unidos, lo que podría dejar a muchos venezolanos en un “limbo jurídico” en el extranjero y representaría una violación a sus derechos.
El gobierno venezolano informó que suspendía “todo” acuerdo reciente con Estados Unidos, a raíz de la cancelación de la licencia operativa de Chevron por parte del gobierno de Donald Trump. Esta medida afecta especialmente a los 366 repatriados en el marco de un acuerdo migratorio firmado en enero con el representante estadounidense, Richard Grenell, ya que Nicolás Maduro decidió no aceptar más connacionales.
Ligia Bolívar, socióloga y especialista en derechos migratorios, destacó que tal decisión puede ser vista como el uso de personas como herramientas de presión diplomática. Bolívar hizo énfasis en que la Constitución garantiza el derecho de los venezolanos a circular libremente por el país y que, aunque la deportación implica que regresan en contra de su voluntad, la negativa de ingreso sería inconstitucional.
Desde Estados Unidos, se han repatriado 366 venezolanos en tres vuelos durante febrero, además de un vuelo que llegó de México con 242 repatriados, incluidos mujeres y niños. Bolívar explicó que los ciudadanos que queden en situación irregular estarían en un “limbo jurídico”, sin ser aceptados ni por el país de salida ni por Venezuela.
El artículo 50 de la Constitución establece que los venezolanos pueden ingresar al país sin restricciones, lo que coloca al Estado en una posición de responsabilidad frente a sus ciudadanos. La situación actual refleja un incumplimiento de esta norma. Durante el primer mandato de Trump, otros países también rechazaron recibir a sus deportados. Según cifras de R4V, alrededor de 7.8 millones de venezolanos se encuentran en condiciones de refugiados y migrantes en todo el mundo, siendo Estados Unidos el cuarto país con mayor cantidad de venezolanos.
DCN/Agencias