Tres exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez enfrentan cargos por revelación de secretos, según la Fiscalía de Paraguay.
La Fiscalía de Paraguay presentó el 11 de marzo una acusación formal y abrió juicio oral y público contra tres exministros y cuatro exfuncionarios del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, que estuvo en el cargo entre 2018 y 2023. Los acusados enfrentan presuntos delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos.
Los acusados incluyen a Carlos Arregui, jefe de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad); René Fernández, responsable de Anticorrupción; y Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior, quien también enfrenta un juicio por presunto soborno relacionado con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Giuzzio dejó su cargo en octubre de 2022 tras reconocer contactos con el narcotraficante.
También están implicados en la causa cuatro exfuncionarios, tres de ellos con altos cargos en la Seprelad. Según el Ministerio Público, los acusados habrían conformado un esquema del 2021 al 2022 para elaborar y filtrar informes de inteligencia financiera. Esto incluía la filtración de una solicitud confidencial a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat, con el objetivo de generar investigación penal contra adversarios políticos del entonces presidente Abdo Benítez.
La investigación fue iniciada tras una denuncia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), líder del opositor Partido Colorado, quien ha denunciado ser víctima de una persecución por parte de personas en el ejercicio del poder político desde que terminó su mandato.
El documento de la Fiscalía no menciona a Abdo Benítez ni a su exasesor Mauricio Espínola, quienes aparecen en el escrito de imputación de marzo de 2024, posiblemente debido a su condición de aforados.
Esta acusación se presenta en un contexto en que las defensas de los involucrados han recusado al fiscal general y a otros tres fiscales por supuesta falta de objetividad en la investigación.
DCN/Agencias