El 5 de agosto de 2022, el gobierno de Estados Unidos declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública, poco después de que la Organización Mundial de la Salud hiciera lo mismo a nivel mundial.
En el ámbito relacionado con la delincuencia organizada, el expresidente Donald Trump trató de invocar una ley de 1798 para combatir la pandilla venezolana «Tren de Aragua». Esta ley, que permite al presidente estadounidense designar a extranjeros como «enemigos» en tiempos de guerra, se había utilizado en momentos históricos como la Segunda Guerra Mundial, cuando se internaron a ciudadanos japoneses en Estados Unidos.
Trump había ordenado la expulsión de supuestos miembros de esta banda, alegando que los mismos representaban una amenaza. Sin embargo, su decreto fue suspendido por el juez James Boasberg, quien otorgó un plazo de 14 días para que se revisen los aspectos legales de la decisión. Activistas de derechos humanos han cuestionado la medida, señalando que podría ser considerada extrema e ilegal.
La Ley de Extranjería y Sedición permite arrestar o deportar a ciudadanos de naciones identificadas como enemigas. En este contexto, la Casa Blanca emitió un comunicado que describe al Tren de Aragua como vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y como parte de un «estado criminal híbrido» que afecta a Estados Unidos. Trump acusó a la pandilla de llevar a cabo una «guerra ilegal» contra el país, tanto de forma directa como bajo la dirección del régimen venezolano.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tiene un plazo de 60 días para poner en práctica la orden ejecutiva, que contempla que todos los miembros del Tren de Aragua, a partir de los 14 años y sin estatus migratorio legal, sean objeto de arresto y deportación inmediata.
Lee Gelernt, representante de la ACLU, criticó la intención de usar una ley de tiempos de guerra para hacer cumplir leyes de inmigración, considerándolo una acción sin precedentes.
DCN/Agencias