Bukele admite posibilidad de liberar al deportado por Washington, pero descarta su regreso a EE. UU.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, admitió tener la autoridad para facilitar la liberación de Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño deportado por Estados Unidos debido a un «error administrativo». Sin embargo, Bukele aseguró que no puede enviarlo de nuevo a EE. UU. Durante una reunión con el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca, planteó: «¿Fui yo quien lo introdujo ilegalmente en Estados Unidos?».

Bukele enfatizó que no está dispuesto a liberar a Abrego, quien se encuentra en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Comentó que no quiere volver a la liberación de criminales en El Salvador, señalando que eso no sucederá.

En ese mismo encuentro, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, indicó que el país norteamericano está dispuesto a proporcionar un avión si El Salvador decide devolver a Abrego. Explicó que la decisión dependería de El Salvador y que el Tribunal Supremo había determinado que, de quererlo, EE. UU. facilitaría el regreso de Abrego.

Stephen Miller, un alto funcionario de la Casa Blanca, agregó que Abrego es ciudadano salvadoreño, por lo cual sería inapropiado que los medios estadounidenses dijeran a El Salvador cómo manejar la situación con sus propios ciudadanos.

Abrego, quien reside en Maryland y es padre de familia, ha sido acusado por la administración estadounidense de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), algo que sus abogados niegan. Fue deportado en marzo de este año, a pesar de que un juez le había otorgado en 2019 el estatus de protección temporal tras escapar de la violencia pandillera en El Salvador. EE. UU. reconoció el error en su deportación, aunque mencionó que no tiene jurisdicción para repatriarlo.

En este contexto, la jueza federal Paula Xinis ordenó la repatriación de Abrego, pero la administración Trump presentó una apelación ante el Supremo para bloquear esta orden. El Supremo respondió que la administración debe facilitar el regreso de Abrego, sin especificar acciones concretas. Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la legalidad de estas deportaciones, especialmente tras la decisión de un juez federal de frenar su aplicación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

DCN/Agencias