Estados Unidos impone penas de hasta 20 años de prisión para quienes reingresen ilegalmente tras ser deportados

Un avión militar con migrantes hondureños deportados de Estados Unidos llegó a la Base Aérea Coronel Armando Escalón Espinal, en La Lima, Cortés, Honduras, el 31 de enero de 2024. Ese día, el país recibió cuatro vuelos que transportaron cerca de 350 migrantes hondureños, marcando el primer retorno tras el inicio del segundo mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.

La Embajada de EE.UU. en México ha destacado el tema del reingreso ilegal tras deportaciones, el cual ha suscitado preocupaciones en torno a las consecuencias legales asociadas. Las sanciones para quienes intentan regresar de manera irregular varían; aquellos sin antecedentes penales graves enfrentan penas de hasta dos años de prisión, mientras que los deportados por delitos graves pueden ser condenados hasta por 10 años. En casos más complicados, donde hay agravantes, las penas pueden llegar a 20 años.

Las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para frenar este tipo de reingreso, implementando operativos más rigurosos en la frontera y lanzando campañas informativas. El objetivo de estas acciones no es solo disuadir a quienes intentan regresar después de una deportación, sino también reforzar la seguridad fronteriza.

El proceso de deportación incluye audiencias en tribunales migratorios, donde un juez determina si la deportación se realizará. Aunque algunos migrantes pueden optar por la salida voluntaria, esta opción no elimina las restricciones para futuros intentos de ingreso a Estados Unidos.

Este contexto representa una realidad compleja para los migrantes hondureños y otros que enfrentan el riesgo de ser deportados y las serias consecuencias de intentar reingresar al país norteamericano de manera ilegal.

DCN/Agencias