Estados Unidos reconoce que un ciudadano con estatus de protección legal fue deportado a El Salvador por un error administrativo

La Administración Trump admitió el 31 de marzo que cometió un «error administrativo» al deportar a Kilmar Armando Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que residía en Maryland y a quien una orden judicial protegía de ser retornado a su país. A pesar del reconocimiento del error, el Gobierno estadounidense señala que no puede traerlo de vuelta, ya que fue colocado bajo custodia de las autoridades en El Salvador.

Ábrego García, de 44 años, emigró a EE. UU. a los 16 años huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador. En 2019, un juez de inmigración le otorgó el estatus de protección legal. Según su equipo legal, no tiene antecedentes penales en EE. UU. ni en otro país y no está vinculado a ninguna banda, a pesar de las acusaciones de las autoridades estadounidenses.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) calificó la deportación como un «descuidado», afirmando que se realizó de «buena fe» basándose en la suposición de que Ábrego García formaba parte de la pandilla MS-13. Sin embargo, sus abogados argumentan que el Gobierno no ha presentado evidencia que respalde esta acusación.

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, comentó que nunca había visto un caso similar, donde se deportara a alguien a sabiendas de que había recibido estatus de protección. Este incidente podría ser el primero de varios, dado la falta de información del Gobierno de EE. UU. y las quejas sobre la legalidad de las deportaciones a El Salvador, que también afectan a numerosos ciudadanos venezolanos.

La esposa de Ábrego García, que es ciudadana estadounidense, junto a su hijo, reconoció a su pareja a través de tatuajes y cicatrices en su cabeza al ver una fotografía publicada en un artículo sobre el Centro de Confinamiento de El Salvador, lo que revela cómo muchas familias venezolanas se han enterado de las deportaciones de sus seres queridos.

Este caso ha suscitado una serie de reacciones al exponer fallas en la coordinación de los organismos encargados de las deportaciones.

DCN/Agencias