Un juez considera fundamentos para declarar al Gobierno de Trump en desacato por los vuelos de deportación hacia El Salvador.

Un juez federal en Estados Unidos ha encontrado pruebas suficientes para acusar a la administración de Donald Trump de desacato penal, tras violar órdenes judiciales que prohibían la deportación de 238 inmigrantes hacia El Salvador. Esto se basa en la ley de 1798, según lo expuesto en una resolución de 46 páginas emitida el 16 de abril.

El juez de distrito, James E. Boasberg, destacó la seriedad de la desobediencia por parte de funcionarios gubernamentales y solicitó información relacionada con los individuos involucrados en estas decisiones. Estableció un plazo hasta el 23 de abril para que el Gobierno explique su incumplimiento de la orden judicial o las acciones que tomará para cumplirla.

Boasberg declaró que este tribunal no emite fallos de tal naturaleza sin considerar todos los elementos, asegurando que se les dio a los demandados oportunidades suficientes para aclarar sus conductas, pero sus respuestas no fueron satisfactorias. Reiteró que las decisiones judiciales deben ser acatadas, independientemente de su magnitud.

En respuesta, la Casa Blanca anunció que apelará las conclusiones del magistrado. El presidente Donald Trump criticó al juez en su plataforma Truth Social, cuestionando el estado de los tribunales y afirmando que están «totalmente FUERA DE CONTROL».

La decisión del juez Boasberg resalta el enfrentamiento entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno, en relación con los poderes del presidente y sus prioridades. La controversia en torno a la deportación de migrantes hacia El Salvador ha dado lugar a este conflicto legal, generando un debate sobre la autoridad del Gobierno en este tema.

Este caso destaca la tensión persistente en la administración de Trump respecto a la inmigración y las políticas de deportación, capturando la atención tanto a nivel nacional como internacional.

DCN/Agencias