Es decir, dos mil 700 de 30 mil damas le han informado a las autoridades de su caso, cifra que Yvonne Reyes, vocera del movimiento de afectadas, considera "alarmante".
"No sé qué ocurre pero las mujeres no se están registrando para pedir su cita médica. Creo que hay un poco de temor", dijo Reyes a Últimas Noticias.
El proceso de registro permite a las afectadas comenzar el trámite para el cambio de prótesis defectuosas (con rotura o filtración) de forma gratuita.
Las operaciones están a cargo de médicos miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica.
Hasta ahora 166 pacientes se han atendido. De este grupo, 44 no pudo acudir a su médico personal por distintas razones: muerte del galeno, porque el profesional ya no labora en el país, o el que la atendió inicialmente no está certificado como cirujano plástico.
Aseguró que han recibido 53 denuncias de violación de protocolo y siete solicitudes de cambio de médico.
A pesar de estas irregularidades, considera que la Sociedad Venezolana de Clínicas y Hospitales ha tomado una actitud "voluntaria" desde la salida de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y ha respaldado a las afectadas durante todo el proceso.
Reveló que sumada a las 12 cirugías realizadas hasta la semana pasada, se formalizó la solicitud de 38 prótesis a la compañía Galaxy Medical (encargada de proveer de los implantes a las víctimas).
Control absoluto | Reyes indicó que el trabajo de supervisión que ha realizado el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), sobre compañía mencionada, ha sido efectiva. "Las inspecciones se cumplieron paso a paso y no se han vendido más prótesis PIP en el mercado", dijo.
Las afectadas se mantienen en permanente contacto con las autoridades del gabinete de Salud. Se reúnen cada 15 días.
DC/Últimas Noticias