Desde hace 15 años el gobierno usa la justicia para acallar la disidencia. La acusación de magnicidio, citación en el Sebin y la Fiscalía, y las órdenes de captura a través de la Interpol, buscan intimidar. “El gobierno pasa de la represión masiva a la represión selectiva”, afirmó Marino Alvarado, de Provea, quien señaló que privan “los tiempos del Sebin”.
Alvarado indicó que son acciones “bien dirigidas por el ministro-policía”, Miguel Rodríguez Torres. “Entramos en una nueva etapa, en la cual se investigan delitos no cometidos y se impone el derecho penal de la peligrosidad: es la máxima del derecho autoritario según la cual se es ‘sospechoso habitual’ por pensar distinto”.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, lamentó el uso de la justicia como arma política. “Un Estado democrático no puede ver al adversario político como un enemigo ni usar la justicia como venganza. En Venezuela se prejuzga, lo que hace que la defensa sea escasa. El Ejecutivo muestra ‘pruebas’ en franca violación de la cadena de custodia. Hay un déficit institucional. Por encima de la ley no puede estar el presidente ni nadie. En un tema tan delicado como el magnicidio no se puede prejuzgar; hay que investigar y garantizar el debido proceso. Hasta el más terrible criminal debe gozar de ese derecho”.
Ortega consideró que el fin es desmotivar las protestas y que el saldo es sindicalistas presos, periodistas removidos de sus programas y jueces detenidos como María Lourdes Afiuni: “La ONU y Anmistia Internacional denunciaron cómo se genera temor en estudiantes y periodistas para que abandonen las críticas”.
El Nacional/DC