Poco se sabe de las pasiones que tienen los administradores de justicia, sus carreras se ven sumidas por el ajetreo público que va de la admiración por las decisiones que toman, a la crítica constante que conlleva cualquier error.
A la Fiscal General, por ejemplo, le gusta pintar desde muy joven: “Como todos los pintores comencé en la escuela, lo que te dan son bodegones y paisajes. Después pasé a los rostros y tuve una época abstracta, también experimenté con el collage pero ahora estoy dibujando rostros, nada más”.
Explica que en los ratos muertos, entre reuniones, aprovecha para bocetear la faz de algún conocido o un rostro imaginario. Su cercanía a la plástica se refleja en los lienzos de Reverón, Pissarro, Fabbiani y Trómpiz que atesora en su despacho, quizá se considera una “catadora de belleza”, como el Adriano de Marguerite Yourcenar, que dice haber leído tres veces.
“Creo que me gusta tanto por todo el tema del poder. Una vez fui a Roma y me tomé una foto junto a una estatua de él”, comenta.
¿Cómo define el ejercicio de este cargo con tanto poder por las atribuciones que le corresponden?
Estar al frente del Ministerio Público es un ejercicio permanente de responsabilidad, seriedad y compromiso. Se trata de entender que uno es un servidor público, que se debe a la colectividad. Por supuesto que también va acompañado de una planificación para obtener buenos resultados. Todos los planes y proyectos que me propuse al inicio de mi gestión, diría que los he visto coronados.
¿A qué planes o proyectos se refiere?
A la Unidad Criminalística contra la vulneración de los Derechos Fundamentales que es un laboratorio, único en el mundo, donde se investigan los casos de violaciones a los Derechos Humanos. Tenemos una medicatura forense donde, desde enero a la fecha, se han practicado más de 2000 reconocimientos médico-legales de personas que han sido lesionadas, violadas. Está también la Unidad Especial para las mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia, junto a unidades de telefonía, técnico-financieras, antiextorsión y secuestros, entre otras.
¿Cuántos funcionarios agrupan esas unidades?
Tenemos más de 2000 funcionarios expertos en criminalística, ciencias forenses e investigación criminal para la práctica de todas estas diligencias y experticias que practicamos aquí mismo en el Ministerio Público.
¿Cómo ha atacado el retardo procesal que es una denuncia recurrente de los procesados en el país?
Primero con la formación de los fiscales a través de la Escuela Nacional de Fiscales, si tienes un funcionario preparado, conocedor del Derecho Penal, sustantivo y adjetivo, con seguridad vas a tener un resultado mejor. Aumentamos el número de fiscales, en mi gestión se han creado más de 250 fiscalías pero, tanto a las nuevas como a las que ya existían, se les ha dotado de las herramientas necesarias para dar mejores resultados. Ahora tenemos un fiscal principal y hasta siete auxiliares, hemos creado las Mega fiscalías que tienen hasta 47 funcionarios que son instructores, investigadores de campo, de pesquisas, vehículos y fiscales para soportar la investigación. En una de esas fiscalías hemos logrado más de 5000 actos conclusivos, en un mes, por ejemplo.
¿Cómo van las investigaciones sobre los supuestos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro?
Hay tres personas a las cuales se les solicitó privativa de libertad: Diego Arria, Ricardo Koesling y Pedro Burelli porque toda persona que es llamada por los órganos integrantes del sistema de justicia penal, están obligados a concurrir al primer llamado. Ellos fueron citados en calidad de testigos y expresaron, a través de algunos programas y redes sociales su disposición de no concurrir. Eso es falta de voluntad para colaborar con la justicia y el Ministerio Público puede ponderar si pedirle una privativa de libertad o cualquier otra medida de las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Se han denunciado públicamente más de 60 intentos de magnicidio en el país pero ¿por qué los acusados suelen ser dejados en libertad por falta de pruebas?
Desde que estoy acá esta es la única investigación que hemos tenido sobre magnicidio. La investigación penal es distinta a las investigaciones de la inteligencia de seguridad de Estado, que es permanente y para garantizarla el Ejecutivo no necesita notificar al Ministerio Público porque tiene que vigilar sus fronteras permanentemente. El Estado tiene que estar garantizando la seguridad y haciendo inteligencia pero eso es distinto a las investigaciones penales. Quizá esos señalamientos públicos entran en esa materia.
¿Se investigan los 157 casos de tortura denunciados por organizaciones como el Foro Penal y Provea?
Atendí al Foro Penal en una oportunidad y a Marino Alvarado, de Provea, en dos ocasiones y siempre les pregunto por qué vienen al Ministerio Público y no consignan lo que dicen en los medios de comunicación. Nosotros tenemos solamente dos denuncias por presunta tortura, nada más. Por los hechos violentos registrados desde el 12 de febrero, se constató el estado de salud de las personas en 197 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se están investigando. Hemos presentado seis acusaciones por presunta violación a los derechos humanos.
¿Por qué siete de los ocho imputados en el asesinato de Bassil Da Costa irán a juicio bajo régimen de presentación?
El presunto autor material del homicidio del ciudadano Bassil Da Costa, José Ramón Perdomo, está privado de libertad. Este joven recibió un solo impacto de bala que salió de una sola arma, accionada por una sola persona. Los demás funcionarios están sometidos a otro régimen porque no están señalados por la muerte de Bassil.
¿Qué sucedió con la guardia nacional que agredió a Marvinia Jiménez?
En el caso de la ciudadana Marvinia Jiménez, el Ministerio Público solicitó una privativa de libertad contra la funcionaria que presuntamente la lesionó, pero esa orden de captura no se ha podido materializar. A la fecha no tenemos noticias de su paradero porque el Ministerio, solo libra la orden de captura, pero sabemos que esa persona está siendo buscada por los cuerpos policiales del país.
¿Cómo van las averiguaciones sobre las empresas de maletín de Cadivi?
Sobre el caso de Cadivi y las empresas de maletín tenemos más de 1490 investigaciones en la Dirección contra la Corrupción. Son 1490 investigaciones contra personas naturales y unas 779 contra personas jurídicas. El número de investigaciones a personas jurídicas implica a mucha gente en una sola investigación, por ejemplo, se han imputado a 55 personas en un solo caso, además se han acusado a 43 implicados y 15 ya han sido condenados”.
¿Qué opina de las frecuentes declaraciones de voceros políticos que la acusan de criminalizar la protesta?
No es cierto que se esté criminalizando el derecho a la protesta, pero la Constitución dice en el artículo 68 que “los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas”. Los hechos de los cuales hemos sido víctimas y testigos no son protestas pacíficas, sino delitos. Una persona que porta un arma de fuego y la acciona en un grupo no está protestando pacíficamente, derramar fluidos en la vía para que los vehículos tengan accidentes, tampoco lo es, o quemar un preescolar donde hay 89 niños y agredir a 873 personas, no son manifestaciones pacíficas.
¿Cómo proyecta a este ministerio en 10 años?
Como una institución que da respuesta inmediata, atendiendo a todas las personas que acuden a el de manera expedita y que además sus funcionarios sean verdaderos conocedores y que sean referencia no solamente a nivel nacional, sino internacional en el área de la criminalística.
¿Y la estabilidad de los fiscales?
Esa es otra de mis grandes aspiraciones, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso de preparación porque los que tienen que tener estabilidad son los fiscales mejor preparados. Aquellos que tengan mucha ética, probidad y manejen bien la materia penal sustantiva y adjetiva.
Los casos de López y Machado
Hay casos emblemáticos como el de Leopoldo López ¿qué puede comentar al respecto?
Fue acusado y el Tribunal de Control ordenó el pase a juicio. Son cuatro cargos: instigación pública, determinador en el delito de incendio y de daño y asociación para delinquir. Determinador es quien determina, no lo ejecuta sino lo planifica. No es el autor material, sino que el delito se comete porque la actuación de él fue determinante. Hay que esperar el fallo pero podrían ser 13 años, aproximadamente, de ser condenado.
¿Por qué se le dictó una medida cautelar a María Corina Machado?
No se trata de personalizar, aquí hay un grupo de venezolanos que tienen una actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, contra la existencia del Estado y el ordenamiento jurídico. Los he oído decir que eso va a pasar hasta que el Presidente renuncie. Se recibieron tres denuncias en el Ministerio Público y se están practicando las diligencias de investigación para determinar si estamos en presencia de un hecho delictivo.
Albinson Linares/El Mundo