Para el Fiscal décimo, Richard Monasterio Marrero, el exdiputado Mardo está incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y ocultamiento de datos.
Según la nota de prensa enviada desde el Ministerio Público, Mardo habría cobrado unos cheques de personas naturales y empresas en los años 2009 y 2011, pero que además se desconoce las actividades que estas desempeñan, detalles no presentados en la declaración jurada de patrimonio que este presento.
El ex diputado ahora adquiere los derechos que le permiten solicitar y evacuar las pruebas y diligencias que sean necesarias.
Corrupción para unos
Los delitos por los que se imputó a Mardo están previstos en el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, y Ley Contra la Corrupción, respectivamente.
El 25 de junio de 2013, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento ordinario del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua.
En su exposición ante la máxima instancia judicial del país, Ortega Díaz indicó que los dineros recibidos por Mardo no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, incluso en sus declaraciones al Fisco no aparecen reflejados esos montos.
Posteriormente, en fecha 16 de julio de 2013, el Máximo Tribunal del país acordó la solicitud planteada por la Fiscal General y remitió las actuaciones al Poder Legislativo que, finalmente, despojó a Mardo de su inmunidad parlamentaria.
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