El Gobierno de Nicolás Maduro se ha enfrascado en un debate sobre la gasolina. La propuesta más reciente es mantener intacto el subsidio para el transporte público y de carga, con el objetivo de evitar el previsible impacto inflacionario de la medida y que los usuarios con menos recursos se vieran afectados, pero según expertos en el área, sólo se crean incentivos para la corrupción.
Establecer precios diferentes por tipo de vehículo, en vez de por octanaje, se presta a distorsiones como ocurre en el mercado de divisas, donde existen cuatro tipos de cambio, tres de ellos oficiales y uno paralelo, en el que los dólares se venden a precios exorbitantes, explicó el experto petrolero, José Toro Hardy. “De aplicarse la medida, surgiría un mercado para vender el combustible más barato a quienes pagan más”.
Aplicar la medida crearía un problema que únicamente existe en la frontera.
Actualmente cerca de 100.000 barriles pasan por los “caminos verdes” hacia Colombia, pues un litro que en Venezuela cuesta 29 pesos (0,1 centavos de dólar), en Colombia se vende a 2.275, (1,1 dólares), un incentivo para los traficantes en estados fronterizos.
El único modo de evitar el surgimiento de un mercado paralelo reside en una experiencia estadounidense, donde se instalaron diferentes filtros dentro de los automóviles que usaban gasolina sin plomo. La otra forma sería implementar más tipos de gasolina. Sin embargo, todo ello restaría transparencia al proceso. “No se trata de establecer mecanismos que puedan ser violados, empezando por los funcionarios que atienden las gasolineras”, afirma Toro.
Impacto inflacionario
Preocupa entonces el impacto inflacionario de aumentar la gasolina a todos por igual. Sin embargo, el economista Luis Oliveros sostuvo que la incidencia en los precios no se extendería por más de tres meses, pues la nueva tasa del combustible pasaría a ser luego parte de la estructura de costos.
En cambio, Toro Hardy consideró que debe mantenerse en alguna forma el subsidio para el transporte público, y poco a poco, aumentar esa tasa, pues estos vehículos son más viejos y consumen más combustible. “Se trata de un parque automotor que debe ser reemplazado”.
El experto petrolero cree que una vez ajustado el precio de la gasolina, un porcentaje de los recursos debería invertirse en la modernización y ampliación de la flota de transporte público en todos los municipios del país, de modo que una medida vista como impopular, puede ser una oportunidad para conseguir beneficios.
Transferencias directas
Además, Oliveros cree necesario revisar el ejemplo iraní, cuando en 2010 comenzó a acabarse paulatinamente con el subsidio y se hacían transferencias directas a la población para compensar el aumento. “Bajo ese método se hace partícipe a los más necesitados de la renta petrolera”, indicó el economista.
En el caso de Venezuela, Oliveros planteó que 50% de los recursos generados con el aumento de la gasolina se distribuyan entre los más necesitados y el resto a reinversión dentro de la estatal, con lo cual podría elaborarse un plan gradual para llevar los precios a los estándares internacionales en unos cinco años, para que fluctúen libremente y no se vuelva más a las distorsiones actuales.
Con las transferencias directas a la población se evitaría un estallido social como el ocurrido en 1989, temor del Gobierno, pues en ese entonces se propuso un aumento de 100% en la gasolina, como una medida contemplada dentro de un programa integral de ajustes.
AR/DC/Diario Las Américas