La petición emitida por la Procuraduría General de Colombia hace cuatro años, para que investigaran a la exsenadora Piedad Córdoba por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad perpetrados por el grupo terrorista de las FARC, fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Debido a que ya no cuenta con ningún tipo de privilegio de protección política, el alto tribunal consideró que a la Fiscalía le compete determinar si la investiga o no.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, emitió un fallo disciplinario en el 2010 en el que aseguró que «La senadora promovió y colaboró con grupos armados al margen de la Ley; esa es una falta gravísima, que determinó la decisión sancionatoria (…) Existen las declaraciones del ciudadano ucraniano, interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, certificaciones de Interpol e informes técnicos del CTI y la Dijín».
Piedad Córdoba, fue destituida e inhabilitada durante 18 años por parte de la Procuraduría General de la Nación, por el fallo que consideró que la exsenadora mantuvo nexos con las FARC.
NTN24/DC