El diputado (Causa R) por el estado Bolívar a la Asamblea Nacional (AN), Américo de Grazia, junto con el abogado José Vicente Haro acudieron en la mañana de este lunes a introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo en contra de la implementación de las captahuellas en los comercios a nivel nacional.
El diputado Américo de Grazia dijo que los ciudadanos no pueden permitir que el Estado vaya «constriñendo» las libertades ciudadanas, entre ellas el derecho a abastecerse de la forma y en el momento que lo estime conveniente cada venezolano.
«Eso ocurría contra los negros en Estados Unidos cuando pretendían utilizar cualquier tipo de servicio de autobús, es lo mismo, es el Apartheid como en el caso de Suráfrica, no podemos permitir que el Estado vaya constriñendo la libertad de acción de los venezolanos», sostuvo el diputado Grazia en las puertas del TSJ este lunes.
«El recurso es a favor del ciudadano para decirle no a la criminalización del abastecimiento familiar y a la dictadura implementada a través del captahuellas. Debemos oponernos no solo desde el punto de vista jurídico hay que boicotear este tipo de acciones porque no pueden ni deben ser permitidos», acotó.
MAS y Copei harán lo propio
Tulio Álvarez, abogado y experto constitucionalista, anunció que introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia este martes un recurso de amparo del Movimiento al socialismo MAS, en defensa de los intereses difusos de la población venezolana, «a fin de detener la amenaza de Nicolás Maduro, quien en cadena nacional manifestó que en todos los centros de bienes de primera necesidad sería implementado el sistema captahuellas».
Aseguró que de ponerse en funcionamiento del sistema biométrico tal como fue planteado, «no sería compatible con el sistema venezolano de derechos económicos. La Constitución establece de una manera categórica que los venezolanos tienen derecho al acceso a los bienes y servicios que estos sean de calidad. En el caso del sistema biométrico lo que se está desarrollando es un esquema de racionamiento, producto de una situación económica muy concreta, la destrucción por parte del mismo Estado del aparato productivo».
Destacó que la, «desolación absoluta» que se ve en la actividad agropecuaria y el control de cambio que impide la importación de bienes, son dos factores que a juicio del jurista obligaron al Jefe de Estado a impartir esta orden al gabinete económico, «Porque no puede ocultar su fracaso en materia económica».
«El objetivo de este amparo es evitar que se sigan lesionando los derechos económicos de los ciudadanos que en este caso se traducen en un derecho colectivo al acceso de bienes y servicios», puntualizó.
Advirtió que a pesar de que la Sala Constitucional ha mantenido una posición de, «proteger al régimen» en cuanto a cualquier acción que se intente, están preparados para que el máximo tribunal de la República pueda dar una respuesta oportuna en este sentido. «Le recordamos a la Sala Constitucional que su propia doctrina establece límites a la intervención del Estado que en esta oportunidad se da cuando hace nugatorio el derecho porque todo el desabastecimiento no se puede imputar al tema del contrabando».
Por su parte, el secretario general de Copei, Jesús Alberto Barrios, anunció que realizarán un operativo en todo el país para recaudar firmas que respalden el amparo que interpondrán ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el uso de la captahuella.
Invitaron a los ciudadanos a respaldar la iniciativa que contará con más de 500 puntos, en el que aspiran obtener 500.000 firmas
«La causa de la escasez es que no hay producción y los controles generan una alta inflación y activa la especulación, todo esto aterriza en el contrabando y la corrupción», explicó que esta situación no se puede controlar con el sistema biométrico.
El Universal/DC