La situación de Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos será denunciada en el Comité de Torturas de la Organización de Naciones Unidas. El Foro Penal Venezolano no había actuado por tratarse de “expedientes políticos”, pero los últimos incidentes los obligaron, primero, a oír a la madre del dirigente de Voluntad Popular, Antonieta Mendoza de López; segundo, a rechazar la actuación de los custodios en el Sebin, y, tercero, a asumir el asunto.
El director ejecutivo del FPV, Alfredo Romero, totalizó 153 expedientes de torturas, desde febrero de 2014 cuando crecieron las protestas, que tienen soportes y han sido expuestos ante la Fiscalía General. Sin embargo, existen otros 500 que han sido recogidos en videos, que están en la fase de procesamiento. El otro caso que llevarán a la ONU es el del abogado Marcelo Coatra, preso en Yare III por haber asistido a su defendido cuando allanaron su casa en Barinas.
“López sufre tortura psicológica, que es más dolorosa y grave que unos moretones. Está aislado y se violan los derechos humanos”, expresó Romero.
¿Vicepresidente o juez? El Foro Penal efectuó un encuentro con los representantes regionales de la organización y la red de defensores activos, en la sede de El Nacional, al cual asistieron Mendoza de López y el editor del diario, Miguel Henrique Otero.
La madre del ex alcalde de Chacao sostuvo que el caso ha estado signado por vicios e irregularidades, pero en particular por la violación de derechos humanos. “En primer lugar, no debió ser detenido porque no había peligro de fuga. El hecho de que se hubiera entregado, como lo hizo en forma pública, no justifica la detención arbitraria de la cual ha sido objeto durante siete meses. En segundo lugar, el Poder Judicial violó los procedimientos legales desde el primer día de la detención, por cuanto fue presentado en un tribunal móvil en la cárcel de Ramo Verde, que no tenía jurisdicción en Miranda, pues el juez era de Caracas”, adujo Mendoza.
Otros hechos evidenciarían el maltrato físico y psicológico que ha padecido López en Ramo Verde. “A mi hijo se le ha incomunicado. Por órdenes judiciales solo podemos verlo sus padres, su esposa, hijos y abogado, pero el resto de la familia y amigos, no. Jorge Arreaza (vicepresidente de la república) es el que autoriza quién puede verlo, cuando, por ley, él no tiene facultad para eso”, relató la progenitora.
“Mi hijo ha sufrido aislamiento, tortura psicológica; se le viola el derecho a la privacidad en sus correspondencias y fue golpeado. Un comando de 42 agentes, que se dividió en 8, ingresó a las celdas de él, Scarano y Daniel Ceballos. Les voltearon todas sus cosas. Cuando Leopoldo pidió levantar un acta empezó un forcejeo, le llevaron las anotaciones, y a Scarano, que se cayó, lo golpearon”, agregó.
Los abogados de López introdujeron la denuncia en el Comité de Torturas de la ONU, lo que serviría para sentar un precedente sobre la violación de derechos humanos en el país, así como un recurso en el TSJ para agotar la última instancia nacional.
Temen represión. “Cada día hay menos espacios mediáticos para denunciar la tortura y lo que pasa en el país”, lamentó Miguel Henrique Otero, por lo que propuso usar la sección “Reporte Ya”, de la página web de El Nacional, como plataforma para las denuncias, e instó: “Hay que revelar a los responsables, con nombre y apellidos, porque al verse identificados en medios, en documentos y por organizaciones, los demás se cohibirán de aplicar métodos violentos”.
Consideró que, si bien las protestas han disminuido, la gente reaccionará ante la crisis económica: “La represión será intensa cuando los sectores populares comiencen a manifestar; recurrirán a la violencia para aplicar medidas”.
Los datos
3.293 detenciones ha registrado el Foro Penal en 2014. “La cifra mayor del mundo, solo comparable con tiempos de guerra”, dijo Alfredo Romero. De 22 personas presas en el Sebin, 10 son estudiantes.
“La diferencia con ustedes es que nosotros los estudiantes tuvimos gallardía para salir a la calle”, expresó Dioris Albarrán, recluida por 119 días en el Sebin.
El Foro Penal cuenta con 200 abogados y 1.200 “defensores activos” para su labor.
El Nacional/DC