Los dos funcionarios de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público que practicaron la inspección técnica en la Fiscalía como parte del proceso contra Leopoldo López declararon ante la jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, que no hubo incendio en esa sede el 12 de febrero de 2014, al final de la marcha opositora.
Luis Alberto Salazar hizo las fijaciones fotográficas de la fachada del edificio, la recepción, la biblioteca situada en la mezzanina y el nivel 2 del estacionamiento. Durante su deposición no mencionó la palabra incendio ni nada parecido.
Fue el segundo experto promovido por la Fiscalía, Jorge Honsy, quien mencionó, sin mayores detalles, que vio “signos de combustión” en la puerta metálica de la fachada. Precisó que fue el encargado de colectar las evidencias de interés criminalístico, entre ellas “fragmentos de una botella de vidrio azul con un segmento de tela”, la cual, aseguró, desprendía un “olor característico de hidrocarburo” y un pedazo de papel “con signos de combustión en uno de sus bordes”.
Juan Carlos Gutiérrez, defensor de Leopoldo López, le pidió más detalles sobre esos signos de combustión en la puerta metálica, pero Honsy tuvo que admitir que no se hizo la correspondiente fijación fotográfica y que tampoco se describió ni se midió el supuesto daño.
¿Hubo signos de combustión en la biblioteca? ¿Se quemaron libros o documentos? ¿Acaso mobiliario o enseres? A las tres preguntas de Gutiérrez el experto de la Fiscalía contesto “no”.
En el expediente consta que se trata de una botella de vidrio, en la que estaba parcialmente introducido un pedazo de tela de 106 centímetros de largo por 10 de ancho. Lo más trascendente en términos de la fortaleza o debilidad de la prueba es que no estaba combustionada, y así lo ratificó el experto. El pedazo de papel es de color verde y mide 30 por 23,8 centímetros y apenas estaba quemado en un borde.
Sobre el supuesto hidrocarburo, Homsy dijo que no realizó la experticia para establecer de qué sustancia se trataba y que no encontró restos de material de extinción de incendios en el lugar. El fiscal Franklin Nieves había dicho en privado que nada se quemó porque el supuesto incendio fue apagado.
Para los defensores es claro: “Se cayó la acusación por incendio”, delito penado hasta con ocho años de cárcel cuando se comete contra un edificio público.
Otra fuente de controversia se creó luego de que los dos funcionarios de la Unidad Criminalística del Ministerio Público (que se supone es una especie de dependencia élite encargada de los casos más complejos) aseguraron que entre las evidencias de interés criminalístico que recabaron en la sede del Ministerio Público estaban tres espoletas. No supieron explicar a qué artefacto correspondían; sin embargo, la defensa se esforzó por señalar que si se trataba de un explosivo tuvo que haber sido lanzado desde la Fiscalía, pues estas se quedan en el sitio donde es activado y no donde estalla.
Los homicidios, el detonante. La cuarta sesión del debate oral y público comenzó a las 3:17 pm (había sido convocada para la 1:00 pm) y ayer hubo más restricciones que de costumbre para el acceso a la sala de audiencias, situada en el ala este del Piso 1 del Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales de Caracas.
En la sesión anterior la defensa de López había solicitado un careo entre los funcionarios de la División de Inspección Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que certificaron los daños causados a cinco vehículos de ese organismo de seguridad que estaban estacionados entre la plaza de Parque Carbobo y la Escuela de Artes Cristóbal Rojas.
Ayer sumaron nuevos elementos para demostrar que los primeros cuatro testigos mintieron. Particularmente la funcionaria Silvia Rueda, quien aseguró haberse trasladado a la clínica La Arboleda para realizar otra inspección relacionada con uno de los dos homicidios ocurridos el 12-F.
El abogado Joel Acosta, defensor de Ángel González, dijo que en el expediente que cursa ante el Tribunal 48° de Control, relacionado con el homicidio de Bassil Da Costa, consta que Rueda no fue a La Arboleda sino al hospital Vargas, a donde fue trasladado y murió Da Costa. Pidió a la jueza Barreiros que incorporara las actas de ese otro expediente al que se le sigue a Leopoldo López y cuatro estudiantes. La Fiscalía se opuso y la jueza dijo que posteriormente se evaluaría la procedencia de la petición.
En la causa seguida por el homicidio de Da Costa también hay elementos relacionados con el proceso que se lleva a cabo ante el Tribunal 28° de Juicio, específicamente los disparos a la sede de Fundacaracas. En la sesión anterior, el jefe de la División de Inspecciones Técnicas del Cicpc, Jesús Oliveros, había confirmado que en la fachada de Fundacaracas se hallaron varios impactos de bala. 26, se precisó el 28 de agosto.
“¿Usted, ciudadana jueza, tiene la obligación de aclarar quién o quiénes hicieron esos disparos? No se puede analizar el ataque al Ministerio Público sin considerare sus causas, que fueron, precisamente, los asesinatos de Bassil Da Costa y Juancho Montoya”, increpó el abogado Gutiérrez a Barreiros.
Enumeró los elementos de convicción recabados y presentados por el Ministerio Público ante el Tribunal 48° de Control: “En el folio 61 consta que un testigo protegido señala que a las 2:30 pm, precisamente cuando ocurrieron los 2 asesinatos, vio disparar a 12 motorizados con chemises del oficialismo. En el folio 116, otro testigo, solo identificado como Flores, asegura que los funcionarios policiales comenzaron a disparar a esa misma hora. Y en el folio 180 un testigo identificado como N° 1 indica que en ese mismo momento se retiraron los funcionarios de la Guardia Nacional y llegaron los colectivos disparando”.
Leopoldo López tomó la palabra para respaldar la solicitud de su abogado: “El Ministerio Público pretende separar lo inseparable. El ataque al Ministerio Público, a las 3:40 pm, fue la consecuencia de los asesinatos de Bassil Da Costa y Juancho Montoya, a las 2:30 pm de ese mismo día. No podemos ignorar que los cuerpos de seguridad se retiraron de la Fiscalía e inmediatamente después vino la arremetida de los funcionarios del Sebin y de los grupos parapoliciales del gobierno. ¿Quién dio esas órdenes? Todo eso debe evaluarse en este juicio pues, de lo contrario, solo servirá para darle soporte jurídico a la verdad oficial del gobierno, en el sentido de que los estudiantes y el pueblo que salieron a manifestar son unos delincuentes. La verdad verdadera es que los que mataron a Bassil y a Juancho son funcionarios policiales. La verdad es que el 12 de febrero hubo una celada anticipada por Maduro, que el día anterior aseguró que en la marcha opositora habría muertos. La Fiscalía pretende atornillar la verdad oficial que, en realidad, es una mentira”.
El debate oral y público continuará el 22 de septiembre. Antes, esta misma semana, la jueza Barreiros respondería a la solicitud que formuló la defensa de López para que se le permita recibir atención médica en una clínica, luego de que una médica forense certificara que padece ardor en los ojos, fotofobia y disminución de la agudeza visual.
El Nacional/DC