El banco de inversión contratado por Petróleos de Venezuela (PDVSA) para organizar la transacción, Lazard Ltd., no ha terminado el proceso de venta, dijeron tres fuentes consultadas, y el plazo para una segunda ronda de ofertas sería más adelante en noviembre.
Cualquier acuerdo por Citgo, que podría valer hasta 10.000 millones de dólares, puede ayudar a cambiar el panorama de la refinación en Estados Unidos, al darle a la oferta ganadora acceso a enormes activos en la región central y la costa estadounidense del golfo de México, en un momento en que la producción de crudo local está en auge.
Las refinerías de Citgo están en posición de acceder a suministros de crudo de las formaciones de esquisto de Estados Unidos y del petróleo importado desde Canadá. Para Venezuela, una venta entregaría un capital muy necesario para cubrir sus necesidades presupuestarias.
El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco, dijo en una entrevista publicada en medios venezolanos el 26 de octubre pasado que la venta de Citgo Petroleum «está descartada» y el presidente del país, Nicolás Maduro, lo «aseveró».
El anuncio de Marco sorprendió a los licitadores, que habían hecho la debida diligencia sobre los activos de Citgo.
Una primera ronda de ofertas atrajo el interés de firmas como Marathon Petroleum, Valero Energy, de la india Reliance Industries, PBF Energy y HollyFrontier. Pero todavía no se sabe quién participaría en la segunda ronda de ofertas.
Desde que Venezuela comenzó la subasta este verano, el precio del crudo ha caído desde alrededor de 105 dólares a u$s77 por barril, lo que pone una enorme presión sobre el presupuesto del chavismo, que depende en gran medida de los ingresos procedentes de las ventas de petróleo.
Los planes para vender Citgo han sido motivo de controversia dentro del propio gobierno venezolano. Funcionarios chavistas de alto rango parecieron apoyar la venta para ayudar a apuntalar sus finanzas, mientras que otros en la coalición de izquierda calificaron el intento por vender Citgo como una «privatización encubierta».
Infobae/Agencias