Ayer Leopoldo López cumplió nueve meses preso en la cárcel militar de Ramo Verde y regresó a los tribunales para acusar a la jueza Susana Barreiros de haberse convertido en el rostro de la injusticia en Venezuela, tras negar la solicitud de liberación inmediata del dirigente de oposición que formuló el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
Otra vez barbudo y más delgado, pasó al banquillo de los acusados. Llevaba más pertrechos que de costumbre. Además de la libreta negra en la que anota las incidencias del juicio en su contra, tenía consigo el dictamen de la ONU, la Constitución, el Pan diario de la palabra y otro libro más pequeño con pensamientos del Libertador Simón Bolívar.
Presumió de lo que ha aprendido de derecho penal, constitucional e internacional. Le recordó a la jueza 28ª de juicio que las resoluciones de la ONU se fundamentan en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos que ella debe aplicar preferentemente si contienen normas más favorables que las establecidas en la Constitución, tal como lo indica expresamente el artículo 23 de la carta magna. Le recordó que el artículo 31 del texto fundamental le concede el derecho, a él y a todos los venezolanos, de solicitar tutela internacional.
“Pero en la decisión que usted firmó no menciona ninguno de esos dos artículos, por lo claro y contundentes que son. Se limita a mencionar el artículo 1 de la Constitución y destaca que Venezuela es soberana, pero permítame recordarle que los derechos humanos no conocen fronteras. Yo sospecho que usted no hizo esa decisión, que la hicieron otros, los que usurpan la justicia y la someten a intereses políticos. En este tribunal, como en la mayoría de los tribunales del país, no están los que verdaderamente deciden. Y los que deciden no están en estos tribunales para oír a los acusados; y, lo más grave, para oír a las víctimas”, expresó López.
No escatimó en reclamos: “¿Cómo es posible que usted haya cerrado su tribunal durante más de un mes para evadir la respuesta que debía dar a la ONU? ¿Cómo no le importa que, además del nuestro, fueron paralizados los más de 800 juicios que puede haber en su tribunal? ¿Cómo se atreve a desconocer la autoridad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos? ¿Cómo entender que al responder a la ONU usted se haya extendido en repetir los argumentos de la Fiscalía y solo en la antepenúltima página, de un total de 18, haya hecho mención al Grupo de Trabajo, y solo para decir que no es un organismo jurisdiccional?
Antes de anunciarle que no comparecería al debate oral y público hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la impugnación de su respuesta negativa a la ONU, López le hizo otras advertencias a Barreiros: “Tenemos sicarios, sicarios de la justicia. Usted, que es una jueza provisoria y no tiene autonomía, como todos los que han intervenido en este caso y más de 70% de los jueces venezolanos; usted, que sucumbió ante la amenaza de ser encarcelada como la jueza María Lourdes Afiuni; usted no me va quebrar. Estoy más fortalecido que nunca, aferrado al amor que siento por mi familia y por mi país”.
Barreiros le pidió que bajara la voz, y López le respondió que lo que nunca bajaría es el tono vehemente para defender los derechos de los venezolanos. En verdad, la actitud irreverente y retadora de López solo menguó unos segundos, cuando recordó lo que dijo su hija Manuela, de 5 años de edad, el domingo pasado: “Papi, tú te vas a morir en la cárcel”. La niña ya sabe leer y también le preguntó a su padre por todos esos grafiti pintados cerca de Ramo Verde que aseguran que Leopoldo López es un asesino.
Esperando
Los fiscales del Ministerio Público Franklin Nieves y Narda Sanabria también tuvieron que guardar silencio ante tantos reproches de Leopoldo López, pues los acusados no tienen límite para hacer uso de la palabra y ayer el dirigente de oposición lo hizo durante hora y media.
Nieves trató de desquitarse con preguntas que pretendían poner de relieve que López se entregó voluntariamente y, al entender del representante de la vindicta pública, por esa razón no se podía señalar que su detención fue arbitraria.
Como la jueza Barreiros, el fiscal destacó que el encarcelamiento de López se fundamentó en una orden judicial. El acusado aprovechó la oportunidad para recordar que a pocas horas de los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero, fue Nieves el que le imputó nueve delitos, entre ellos terrorismo y los homicidios de Bassil Da Costa y Juan Montoya.
El fiscal también trató de restarle valor al dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU a favor de López. Le preguntó al acusado: ¿Usted conoce otras decisiones de este Grupo de Trabajo? Y López dijo: “Sí, como no. La decisión a favor del alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, otro valiente líder venezolano que también está preso en Ramo Verde por salir a la calle a conquistar la democracia, que, para ustedes en la Fiscalía, es un delito gravísimo”.
“¿Usted sabe que todas esas decisiones de la ONU son igualitas, que son un copy and paste?”, insistió el fiscal, y la pregunta causó murmullos y hasta risas en el público.
Leopoldo López no perdió la oportunidad para incorporar al debate que Venezuela forma parte del Consejo de Derechos de la ONU y que votó a favor de la designación de los expertos que integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
La fiscal Sanabria secundó a Nieves en el intento de acorralar a López. “¿Usted dice que le violaron sus derechos humanos porque le pusieron unas esposas?, preguntó. “No, sino porque no hay ninguna prueba de mi responsabilidad en los hechos de violencia que se debaten en este juicio”, refutó el dirigente de oposición.
Antes López había leído lo dicho por el Libertador: “La justicia es la reina de todas las virtudes”, para contrastarlo con lo que ha ocurrido en la sala de audiencia del ala este del piso 1 del Palacio de Justicia, donde desde el 23 de julio de 2014 se desarrolla el debate oral y público en la causa contra el dirigente de oposición por cuatro delitos: asociación para delinquir, instigación a delinquir, incendio y daños. También había leído lo que se oyó ayer en todas las iglesias católicas del país sobre la injusticia de condenar a inocentes.
Leopoldo López reiteró que no se arrepiente de nada de lo que dijo el 12 de febrero: “Lo único que ustedes tienen en mi contra –inquirió a los fiscales– es mi palabra. Una verdad y una propuesta de país diferentes a las que pretende imponer el gobierno”.
El juicio debe continuar.
Después de que Leopoldo López terminó su discurso, la jueza Barreiros y los fiscales Nieves y Sanabria recibieron otra sorpresa. Todos los abogados defensores, los de López y los de los estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello y Ángel Álvarez, así como familiares de los acusados presentes en la sala de audiencia se pusieron de pie. Juan Carlos Gutiérrez, defensor del dirigente de oposición, hizo un apretado resumen de las denuncias de violación del debido proceso que han formulado reiteradamente sin que ninguno de los operadores judiciales las haya detenido o corregido. Gutiérrez fue secundado en los reclamos por los abogados Gustavo Limongi y Elenis Rodríguez.
La apelación de la decisión de la jueza 28ª de juicio fue formalizada ayer. Se alegó falta de motivación, pues Barreiros no respondió a cada uno de los razonamientos del Grupo de Trabajo para concluir que la detención de López es arbitraria, sino que se limitó a señalar que se fundamentó en una orden expedida por un juez. Además, la defensa de López argumentó la falta de aplicación del artículo 23 de la Constitución, el cual reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
No hay un lapso preciso para que la Corte de Apelaciones emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de la ONU. Mientras tanto, Leopoldo López no volverá a tribunales, pero el debate oral y público continuará el próximo 2 de diciembre y el dirigente de oposición estará representado por sus abogados.
Ayer estaban en cola para declarar 11 peritos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La séptima sesión del debate oral y público se extendió hasta las 9:30 pm y el tiempo alcanzó para que solo uno de ellos, la comisaria jefe de la División de Siniestros Johana Díaz pudiera ofrecer su testimonio y ser interrogada. La controversia se centró en la falta de acreditación de la propiedad de los vehículos del Cicpc que fueron quemados el 12 de febrero.
La defensa hizo lo debido para dejar constancia de que la decisión de López de no comparecer no podría calificarse de contumacia, pues el acusado se reserva el derecho de hacerse presente cuando lo desee. “Aquí el único contumaz es este tribunal, que no acata la decisión de la ONU y viola la Constitución”.
DC | vía El Nacional
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