El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, planteó este miércoles que el narcotráfico sea considerado como “delito político” para los guerrilleros de las FARC vinculados con esa actividad ilegal y quieran participar en política, y animó a abrir un debate en ese país en torno al tema.
En una declaración ante periodistas tras reunirse con el gobernador general de Canadá, David Johnston, quien está en una visita oficial en Colombia, Santos aclaró que la medida está en fase de estudio.
“La discusión de los delitos conexos a los delitos políticos se circunscribe específicamente a que se tenga en cuenta para los miembros de las FARC que quieran participar en política, a eso se restringe y de eso se trata esta discusión”, indicó.
Aclaró que “se debe comenzar a debatir desde ya” el asunto para estar preparados cuando llegue el posconflicto.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en una entrevista en Caracol Radio que la medida sería parte de “una Ley Estatutaria que debe tramitar el Congreso a iniciativa del gobierno”. En ese sentido, señaló que cuando se llegue a “unos eventuales acuerdos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, se incluirá hasta donde debe ir el delito.
Aclaró que es una medida en estudio y que, en cualquier caso, tendría que contar con la aprobación del Congreso. Al margen de las explicaciones, el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, férreo crítico del proceso de paz, consideró que la medida “busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC”.
“Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”, argumentó el funcionario en un comunicado. Afirmó que con la propuesta se “disfraza de delincuentes políticos a los narcotraficantes” y se “renuncia a perseguir el lavado de dinero”, lo que convierte al proceso de paz “en una gigantesca operación para beneficio de las mafias”.
Más flexible fue el defensor del pueblo, Jorge Otálora, quien destacó los matices que puede tener el narcotráfico cuando sirve de vehículo para otras actividades delictivas.
“Si uno observa el delito del narcotráfico de manera aislada, está claro que es un delito común que no tiene nada que ver con ese tratamiento de los delitos políticos. Sin embargo, en la práctica ocurre que para llevar a cabo esas finalidades de levantamiento de armas tienen que cometer otra clase de delitos comunes”, afirmó. Con base en eso, añadió, “el delito de narcotráfico pese a ser común se vuelve conexo, necesario y obligatorio en el delito político y desde esa óptica claro que deberían tenerse en cuenta los nexos con el delito político”.
EFE | DC