Los sindicatos de la aerolínea TAP decidieron hoy que solo cancelarán la huelga de finales de diciembre (días 27, 28, 29 y 30) en caso de que el Gobierno luso suspenda la privatización de la compañía, punto del que el Ejecutivo no abdica.
«Después de la propuesta del Gobierno para crear un grupo de trabajo, la plataforma de sindicatos presentó al Gobierno un memorando para suspender el proceso de privatización y la huelga convocada», informaron los sindicatos en un escueto comunicado.
El Ejecutivo conservador había mostrado una apertura hacia otras reivindicaciones laborales no especificadas, en las que no se incluía la suspensión de la privatización pedida por los sindicatos.
El gobierno relanzó el mes pasado el proceso de venta de la TAP, una privatización que espera concluir a principios de 2015 y que ya se había intentado dos años antes, pero que no llegó a término debido a la falta de ofertas atractivas.
Esta respuesta de los sindicatos de la aerolínea, que cuenta con unos 5.000 trabajadores y una flota de 77 aviones, sucede después de la oferta realizada el viernes por el ministro de Economía, António Pires de Lima, que insinuó una apertura a mejoras laborales en la empresa, pero que fue firme en su intención de privatizarla.
«El Ministerio de Economía planteó la posibilidad, si se cancela la huelga, de constituir un grupo de trabajo que busque profundizar en los asuntos que preocupan a los trabajadores de la TAP», dijo entonces Pires de Lima.
Aparte de las abultadas pérdidas de la compañía, la conexión aérea entre Portugal y España se verá gravemente afectada por el paro, pues la TAP lidera el mercado aéreo entre ambos países, con un flujo de transporte que llegó a los 944.000 pasajeros en 2013.
Se calcula que serán 100 los vuelos afectados desde Lisboa y Oporto a ciudades españolas como A Coruña, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, Oviedo, Madrid y Barcelona.
Si finalmente se confirma la huelga, los medios lusos han especulado con que el Ejecutivo podría incluso optar por la «intervención civil», un mecanismo recogido en la legislación portuguesa que permite castigar penalmente a los empleados que no acuden a su puesto de trabajo.
A este resorte sólo se puede recurrir en situaciones de emergencia o cuando están en cuestión servicios de interés público esenciales, por lo que es utilizado muy esporádicamente, aunque con un antecedente en la propia TAP, con una huelga de pilotos en 1991.
La todavía estatal TAP, con sede en Lisboa, opera desde 1945 y transporta cada año a cerca de 10 millones de pasajeros a 88 destinos de África, Europa y América, y es líder en conexiones entre Europa y Brasil.
EFE | DC