Una madre lesbiana viuda acudió hoy a la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) de Venezuela, acompañada por un grupo de activistas por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, para solicitar el reconocimiento de los derechos de su hijo, nacido en Argentina.
«Por lo menos mi hijo ahorita no tiene nacionalidad (venezolana), nada más argentino, aquí es un extranjero, su (otra) mamá tenía unos bienes y mi hijo no pudo heredar eso y yo menos que soy su esposa», comentó a Efe Migdelis Miranda.
Miranda, que contrajo matrimonio en Argentina con la también venezolana Giniveth Soto, quedó viuda después de que su esposa fuese asesinada en la madrugada del pasado domingo cuando intentaron robarle su automóvil en el centro de Caracas.
Soto, sobrina del diputado chavista Fernando Soto Rojas, aportó un óvulo que mediante fertilización asistida implantaron en el vientre de Miranda para concebir a su hijo Gabriel, que fue registrado en Argentina hace siete meses.
«Mi hijo va quedar como ilegal el 28 de diciembre porque él tiene visa de turista», expresó Miranda.
La madre aseguró que luchará por obtener la nacionalidad de su hijo solicitando al Parlamento venezolano la aprobación del proyecto de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo, que organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron el pasado enero y aún no ha sido integrado a la agenda legislativa.
«Estamos aquí en la Asamblea, que den la cara por ese proyecto, ellos lo pueden aprobar, si ellos quieren y tienen la voluntad política y revolucionaria», apuntó.
El 31 de enero pasado más de 40 organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales entregaron un proyecto de ley de matrimonio igualitario ante la AN con el apoyo de más de 20.000 firmas.
Las ONG venezolanas esperan así que el país caribeño se sume a otros países de América Latina que ya han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo como Argentina, Brasil y Uruguay, así como algunos estados de México.
Varios países latinoamericanos reconocen legalmente la llamada «unión marital de hecho» y conceden derechos patrimoniales y de seguridad social a la pareja del mismo sexo, pero se niegan a llamar a esa figura «matrimonio», como exigen muchos colectivos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti).
DC | EFE