El escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela se profundizó en 2014, por la represión de las protestas que comenzaron en febrero. En vista de que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones provenientes del exterior, los llamados de atención han derivado en sanciones como las que impuso Estados Unidos a los funcionarios venezolanos presuntamente responsables de los excesos. El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, y el embajador Oscar Hernández coinciden en advertir que las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro pueden ser replicadas por la Unión Europea.
El fundamento de la hipótesis de ambos expertos es la resolución del Parlamento Europeo emitida el 17 de diciembre “sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela”.
El pronunciamiento, impulsado por el Partido Popular Europeo, obtuvo el respaldo del grupo socialista, los liberales de Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa y el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. La resolución sumó 476 votos a favor, 109 en contra y 49 abstenciones. Aunque no es vinculante, expresa un reclamo político para que el Consejo Europeo, que representa a los 28 países miembros, actúe sobre lo que ocurre en Venezuela.
El documento comienza con referencias a anteriores pronunciamientos del Europarlamento sobre el cierre de Radio Caracas Televisión, las inhabilitaciones políticas, el caso de Manuel Rosales, el de la jueza María Lourdes Afiuni, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ola de protestas en 2014.
Se mencionan las declaraciones de prensa del portavoz de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton; las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual se pidió la liberación inmediata de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, así como de todos los detenidos por ejercer su derecho a la manifestación pacífica; y la declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, mediante la cual también intercedió por los presos políticos.
Los eurodiputados no escatimaron en señalamientos sobre las causas de la protesta ciudadana: “la crisis económica, los altos índices de corrupción, la escasez crónica de bienes básicos, la violencia y las divisiones políticas”. Igual se mencionan las consecuencias de la criminalización de la disidencia: “uso desproporcionado de la fuerza por la policía, la Guardia Nacional y grupos progubernamentales armados, más de 150 casos de malos tratos durante la detención, incluida la tortura, más de 1.700 manifestantes aguardan juicio, más de 69 permanecen encarcelados, y al menos 40 personas han muerto”.
En el duodécimo considerando se afirma que “el Poder Judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente”. Y en el séptimo punto resolutivo “pide al gobierno que cumplan con su propia Constitución y las obligaciones internacionales con respecto a la independencia del Poder Judicial, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, así como el pluralismo político”.
La reiteración de la solicitud de una visita de eurodiputados a Venezuela (independientemente de que el gobierno la autorice) indica la disposición a continuar el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país.
Preocupación en serio. Contreras aclara que no es un simple juego de palabras: “El gobierno debería estar muy preocupado por la preocupación manifestada por la Unión Europea”.
Para el experto tampoco es un juego que Europa vea a Venezuela como un país que no cumple con sus obligaciones internacionales y no respeta las libertades fundamentales, ni siquiera las garantías mínimas de los derechos a la integridad personal y a la vida: “Europa, como ya lo hizo Estados Unidos, está alertando al resto del mundo sobre las violaciones de los derechos humanos que se han vuelto sistemáticas en Venezuela, y el gobierno pretende subestimarlo con una interpretación acomodaticia de los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos”.
Explica que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, tanto jurídicos como políticos, no han consolidado su poder coercitivo. Admite que resulta odioso que un país legisle sobre la situación de otro, como hace Estados Unidos, y considera más legítimos los mecanismos en bloque, como los que estaría dispuesto a ejecutar la Unión Europea sobre Venezuela, tal como lo ha hecho con Rusia.
Contreras y el embajador Hernández opinan que Estados Unidos y Europa han comprendido que el embargo económico a los pueblos (al modo cubano) constituye un error, por lo cual lo que plantean es sanciones puntuales a funcionarios específicos vinculados con delitos de carácter internacional: corrupción, tráfico de drogas y violación de derechos humanos. Sin embargo, Hernández advierte que sí hay un riesgo para todos los venezolanos y que el mismo se deriva del descrédito gubernamental: “Maduro anda pidiendo dólares por todo el mundo, pero nadie le quiere prestar, no solo por su insolvencia en términos económicos sino en materia de derechos humanos”.
Estado y gobierno forajidos
La expresión Estado forajido es una creación del filósofo norteamericano John Rawls y se refiere a aquellos cuyos gobiernos son violadores sistemáticos de los derechos humanos, no cumplen sus obligaciones internacionales y aplican la administración de justicia fraudulentamente.
Maduro y los voceros gubernamentales se han apresurado a rechazar tal calificación, pero el embajador Hernández considera que se trata de una huida hacia delante porque, en el fondo, son conscientes de las consecuencias de su actuación al margen del derecho internacional y de los derechos humanos.
Hernández ofrece mayores explicaciones sobre la legitimidad de la comunidad internacional para preocuparse por la violación de derechos humanos en cualquier país del mundo: “No es solo altruismo, sino la convicción de que hay que cerrarle el paso a regímenes tan oprobiosos como el nazismo alemán o las dictaduras del Cono Sur”.
El experto asegura que el gobierno venezolano ya es forajido: “Y lo seguirá siendo en la medida en que prosiga con esa política de guapetón de barrio, que pretende hacer lo que le de la gana”.
Del papa a Pepe
El encarcelamiento de líderes de oposición, como Leopoldo López, ha hecho que desde distintas partes del mundo se voltee a mirar lo que ocurre en Venezuela. Desde el papa Francisco hasta el presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, han hecho llamados a la cordura.
Oración y esperanza
«Los acompaño con viva preocupación, con intensa oración y con la esperanza de que se busquen y se encuentren caminos justos y pacíficos para superar el momento de grave dificultad que el país está atravesando».
Francisco, abril de 2014
Solidarios
«Nos mantenemos solidarios con quienes están detenidos en este momento (…) en Venezuela, Leopoldo López”.
Barack Obama, septiembre de 2014
¿Solución?
“Creo que por ahí no se van a resolver las cosas”, dijo el presidente de Perú sobre las detenciones de dirigentes opositores venezolanos.
Ollanta Humala, septiembre de 2014
Preocupación
El presidente del gobierno español expresó preocupación por las condiciones en las que se pueda desarrollar el juicio de Leopoldo López, así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y el derecho de manifestarse pacíficamente en Venezuela.
Mariano Rajoy, octubre de 2014
Buen trato
«En términos genéricos le he pedido siempre bondad hacia los prisioneros y un trato muy preferencial hacia los prisioneros de carácter político, que es una desgracia que tenga que tener».
José Mujica, diciembre de 2014
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