Cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron secuestrados por 150 detenidos que permanecen en los cinco calabozos que están en el sótano de la zona 7 de ese cuerpo de seguridad, ubicado en Boleíta, en el municipio Sucre.
Desde la madrugada de ayer, los internos tomaron parte del control para presionar al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que les otorguen cupos en penales y sean trasladados de esa sede. Muchos de ellos ya están condenados y tienen meses en la espera de los traslados.
Familiares de los reclusos llegaron preocupados por la situación y decidieron trancar la calle 1 y calle Capitolio de El Marqués. La brigada de orden público de la PNB llegó con 25 policías para crear una barricada en la calle Mara, a 300 metros de la sede policial.
Los allegados de las personas privadas de libertad denunciaron maltratos por parte de los uniformados encargos de custodiarlos. “Tienen seis días que no se bañan, no les entregan la comida cuando la llevamos a las 5:30 de la tarde, se las dan a las 11:00 de la noche cuando ya está piche. Tienen días sin luz, les botan el champú y todo lo que les llevamos”, contó ayer una de las familiares durante la manifestación.
Agregaron que también les botan las sábanas que les dan para dormir en las noches y les dañan la ropa. Otra de las quejas es que los reos solo son llevados al baño una vez al día y es en la mañana, por lo que deben hacer sus necesidades en bolsas.
Varios de los 150 presos están enfermos, según los familiares. Contaron que hay 20 hombres con tuberculosis y sarna. La exigencia es clara, que los trasladen a cualquier otro centro de reclusión que esté apto. “Eso no es un penal”, dijeron.
Oneida Heredia, familiar de un joven detenido por presuntamente estar vinculado a un homicidio, comentó que los aprehendidos deben dormir encima de charcos, ya que los calabozos tienen filtraciones de agua y lo que les entregan a los funcionarios, no le llegan a sus allegados.
Otra petición era que llegaran miembros de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para que intermediaran en el conflicto. Los detenidos informaron a través de una carta que no podían liberar a los custodios hasta que sus exigencias fueran cumplidas y la vida de todos los involucrados fuera garantizada.
Representantes de la Defensoría del pueblo y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, además del fiscal 14 Nacional del MP, Víctor Maldonado y una representación de familiares de los internos, ingresaron a la zona 7 para participar en una mesa de negociación y resolver la situación.
“Queremos respuestas en poco tiempo. Los policías están es para cuidarlos a ellos que cometieron errores, no para que los maltrates”, agregó otra de las mujeres que manifestaba.
DC | 2001