En las medidas anunciadas el lunes por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos hay tres elementos que se agregan a los cuestionamientos iniciados en 2008.
Se trata de las sanciones por corrupción, la suspensión de visas e incluyen a familiares directos y, a diferencia de 2014, en esta oportunidad no fueron iniciativa del Congreso sino del gobierno de Barack Obama.
Las nuevas sanciones evidencian un giro y mayor preocupación del gobierno de Obama por el país. Así lo consideró el internacionalista Carlos Romero, quien dijo que las limitaciones a presuntos corruptos, junto con los derechos humanos y el resto de los aspectos censurados en los últimos años, conforman un paquete que representa la definición que tiene Estados Unidos de lo que ocurre en Venezuela.
“Se evidencia que Estados Unidos no está satisfecho con el comportamiento doméstico de Venezuela y no lo considera un país amigo”, indicó. Consideró que las relaciones entre ambos países “penden de un hilo”, la tensión aumenta con las reacciones de Maduro ante sanciones y que el tema de la corrupción significa un punto central en la crítica de Washington a asuntos venezolanos.
“Si en Venezuela hubiese separación de poderes, Maduro no habría ordenado al Poder Judicial sentenciar sobre las sanciones”, refirió Romero. Sostuvo que el tono de la carta que el presidente dijo enviará a Obama no debería ser de insulto.
El internacionalista Luis Daniel Álvarez indicó que la solicitud de Maduro al TSJ tiene asidero político, pero no jurídico porque no puede dictaminar sobre decisiones de otro Estado. “Estados Unidos o cualquier otro país tiene derecho de decidir sobre su visado. Venezuela, por ejemplo, exige visas a varios países, pero los colombianos solo requieren de una carta de invitación”, afirmó.
DC – EN
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