La Superintendencia de Precios Justos multó con 20.000 unidades tributarias, es decir, 2,5 millones de bolívares, a Unicasa Plaza Mayor, ubicada en el Centro Turístico El Morro en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, por incumplimiento del artículo 60 de la Ley de Costos y Precios Justos, que tipifica la usura.
El operativo estuvo encabezado por funcionarios del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 52, en conjunto con inspectores de la superintendencia. Durante la inspección, según un anota de prensa de la superintendecia, funcionarios encontraron que la venta de productos de primera necesidad se realizaba en las afueras del establecimiento, lo que ocasionaba largas colas de consumidores y los exponía al sol y a situaciones peligrosas.
Indicaron que solo 6 de las 16 cajas de pago del comercio estaban operativas, lo que significaba que el comercio reincidía por tercera vez en este tipo de situaciones. También fue detenido el gerente del expendio de alimentos.
Asimismo, la sucursal del practimercado Día a Día, ubicado en la avenida Bolívar de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas fue ocupada temporalmente, informó el alcalde de la localidad, Humberto Marte. “Esta cadena de supermercado ha demostrado estar de espaldas a los intereses del pueblo y está confabulada con el golpe de Estado y la guerra económica que impulsa la oposición amarilla, y las colas que mantienen a las afueras del local son muestra de ello”, afirmó.
Indicó que la Superintendencia Nacional de Precios Justos y la GNB supervisarán y garantizarán que los alimentos lleguen a las manos de los consumidores. “Vamos a vigilar la cadena de distribución para asegurar que los productos sean comercializados y no se acaparen en los depósitos de los supermercados, se vendan a a precios justos y se eliminen las colas”, agregó.
También dos sucursales de la cadena Día Día, situadas en la calle el Descanso y la Avenida Rómulo Gallegos, en Valle de la Pascua, estado Guárico, fueron inspeccionadas para descartar que en los establecimientos estuviesen incurriendo en los delitos de especulación, acaparamiento y remarcaje de precios, previstos en la Ley de Costos y Precios Justos, de acuerdo con un documento emitido por el Grupo Antiextorsión y Secuestro de Guárico.
En el procedimiento participaron seis efectivos del GAES, policías del estado, inspectores de la Sundde, el Sebin, Pdval y Mercal. Una vez finalizada la fiscalización y constatado que no cometieron delito alguno se reabrieron las tiendas y se normalizó la venta de productos de la cesta básica.
En cuanto a Farmatodo, el presidente y el gerente general de la cadena de farmacias, al cierre de esta edición, seguían detenidos en el Sebin.
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que el tiempo máximo de detención preventiva son 72 horas y no se podrá exceder del estrictamente necesario para aclarar los hechos. Por ello, ayer los detenidos deberían haber sido puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
DC – EN
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