A casi año de la muerte de Roberto Redman, cuando comenzaron las manifestaciones el Día de Juventud del año pasado para rechazar la escasez y las medidas económicas, no hay ni un detenido por su caso.
El padre del tercer joven caído el 12 de febrero del año pasado, Derek Redman, tiene duda de que se encuentren los culpables. El fiscal 55 del Ministerio Público, Miguel Ángel Hernández, asegura que el homicida fue un miembro de un colectivo, pero no hay nombres ni especificaciones. El mismo funcionario lleva los casos de Bassil Da Costa y de Juan Montoya, los primeros dos asesinados en La Candelaria.
“Me dijeron que los asesinos de mi hijo fueron de un colectivo y que salieron del Mercado de Chacao. Fui para allá con el fiscal 55, pero no se encontró nada. Mi caso es más difícil porque no se les vio la cara a los que dispararon a la frente de mi hijo”, lamenta Redman desde el lugar donde su hijo murió, en Chacao.
Por las muertes de Da Costa y de Montoya ya hay imputados cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Los fiscales 36° nacional y 55° del Área Metropolitana de Caracas, Johana Peña y Miguel Hernández, respectivamente, imputaron a Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez. Se les acusa de incurrir en los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia a favor de un grupo de delincuencia organizada.
Otra de las deudas pendientes que tiene el movimiento estudiantil es lograr la liberación de 27 estudiantes que aún están detenidos en El Helicoide, el Sebin de Plaza Venezuela, Tocuyito, Yare y el INOF.
Después de 11 meses que la sociedad civil y estudiantes salieron a protestar por el desabastecimiento se publicó la resolución del 008610 del Ministerio de la Defensa, que establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Los estudiantes, sin embargo, aseguran no tener miedo. “La sociedad civil debe recuperar la confianza para volver a manifestar”, precisó el consejero universitario de la UCAB, Djamil Jassir.
Las protestas, que se prologaron durante cuatro meses, dejaron el saldo de 43 muertes, 3.213 detenidos, de los cuales 1.968 tienen medidas cautelares, según datos del Foro Penal.
Para honrar a los caídos, el movimiento estudiantil de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar, Católica Andrés Bello, Pedagógico, Metropolitana, Santa María y Católica Santa Rosa invitan a la sociedad civil a una misa que se celebrará el 12 de febrero a las 11:00 am en la iglesia San Pedro, ubicada en la avenida Victoria. Aunque notificaron en la Alcaldía de Caracas una marcha silente que saldría de las Tres Gracias, el grupo de jóvenes decidió “evitar altercados” y suspendieron la caminata.
El dato
El rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Raúl Casanova, informó que una comisión militar de la Región Estratégica de Defensa Integral realizó una inspección ocular guiada en los laboratorios de química, solicitada por las mismas autoridades rectorales, en la que se verificó que no había explosivos.
El procedimiento se llevó a cabo a propósito de las afirmaciones efectuadas por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, en su programa en VTV, en el que aseguró que en la UNET se fabricaban explosivos. Las declaraciones de Cabello fueron calificadas de desafortunadas e irresponsables por Casanova. El rector anunció que preparan un documento para solicitar a la Fiscalía que abra una averiguación.
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