El presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional producto de “una inusual y extraordinaria” amenaza para la seguridad de Estados Unidos proveniente de Venezuela, abriendo la puerta para aplicar sanciones contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
La orden, que según un comunicado de la Casa Blanca tiene un alcance mayor que la recién aprobada ley de sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano, congela todas las propiedades e intereses de siete personas identificadas por el Departamento del Tesoro por estar involucradas en violaciones a los derechos humanos y en prácticas de corrupción en Venezuela.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de escalar la intimidación contra sus opositores”, informó la Casa Blanca al divulgar el decreto.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos.
Los señalados verán bloqueados sus activos en Estados Unidos y no podrán ingresar a ese país.
Pero en un paso que amplía sanciones ya impuestas desde diciembre contra Venezuela, Obama autorizó al Departamento del Tesoro a tomar esas medidas también contra personas que “sean funcionarios o ex funcionarios del gobierno de Venezuela”.
Washington llamó al gobierno de Maduro a liberar a los dirigentes políticos Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, señalando que “los problemas de Venezuela no se resuelven a través de la criminalización del disenso”.
Estados Unidos impuso en diciembre, y luego en febrero, sanciones similares contra funcionarios venezolanos, pero hasta ahora no había publicado nombres de los afectados.
Como respuesta, Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas, la instauración de visas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.
Maduro acusa a Estados Unidos —principal comprador de petróleo venezolano— de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas y magnicidas contra su gobierno.
Ambos países carecen de embajadores desde 2010.
DC | Nuevo Herald
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