Presiones y amenazas. Eso es lo que aseguran estar recibiendo estudiantes becados, empleados públicos y pensionistas zulianos de parte de las autoridades, quienes les han advertido que sino firman contra las sanciones que EstadosUnidos ha impuesto a siete funcionarios venezolanos sospechosos de violar los Derechos Humanos podrían perder sus becas, puestos de trabajo y pensiones. Así lo aseveraron algunos de quienes participaron en la concentración realizada ayer en la marabina avenida Delicias, quienes pidieron no revelar sus identidades.
La coordinadora de Voluntad Popular en la entidad, Desiree Barboza, corroboró las denuncias y aseguró haber recibido algunas de trabajadores de instituciones gubernamentales.
«Pretenden presionar y torcer la voluntad de los venezolanos con esta recolección de firmas casa por casa ordenada por Nicolás Maduro. El Gobierno está violando el derecho de los venezolanos a pensar distinto (…) en el país no existe ninguna regla jurídica que obligue a los ciudadanos a firmar una petición de este tipo», afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como una cortina de humo.
«Con la recolección de firmas contra el decreto de Barack Obama, el régimen de Nicolás Maduro está tratando de distraernos y ocultar la grave crisis económica en la que ha sumergido a todos los venezolanos. Las firmas contra Obama no acabaran con las colas para adquirir alimentos y gasolina, la escasez de medicinas e insumos médicos en los hospitales, no disminuirá los índices delictivos ni generara nuevos empleos», expresó.
En Caracas también se han registrado denuncias de presiones tanto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como Venezolana de Televisión (VTV). Trabajadores de ambas instancias aseguraron que en las jornadas de recolección de rubricas contra el decreto del presidente estadounidense, Barack Obama, que se han realizado en las últimas horas algunos superiores les han advertido que sino respaldan la campaña «Obama deroga el decreto ya» no seguirán en sus puestos.
«Nos han dicho que sino firmamos van a pedirle a la Inspectoría del Trabajo que califique nuestro despido y seguramente en la Inspectoría se lo permitirán, aún cuando la ley solo permite despedir a quienes no trabajan y no a quienes tienen posiciones ideológicas distintas», se quejó una trabajadora del canal estatal que debió firmar.
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