El rumor se propagó de forma inmediata. “Me robaron a mi hijo”, dijo una madre, Carmen Yanet Briones, de nacionalidad ecuatoriana. Su relato alimentó la especie del secuestro de niños que comenzó a circular el pasado fin de semana en El Llanito y que provocó el martes una protesta en la redoma de Petare que se extendió a otros lugares de la ciudad.
Las investigaciones por el robo del hijo de Briones se efectuaron en menos de 24 horas, pero signadas de interrogantes: 1) ¿Cómo es que la madre va hasta la Fiscalía General y declara a sabiendas de que es mentira? 2) ¿Existe un informe sobre la salud mental la mujer que alegó que actuó porque le prometieron 1 millón de bolívares, de los cuales recibió un adelanto de 17.000 bolívares, y acusó a 3 personas? 3) ¿Cómo es que la fuerza motorizada, en su mayoría afín al gobierno, se moviliza y paraliza Caracas? 4) ¿Cómo el gobierno determina las responsabilidades de J. J. Rendón? 5) ¿Por qué sale a relucir el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, en este proceso? Y 6) ¿Por qué el Ministerio Público anuncia que las redes deben ser reguladas?
“¡Exijo mano dura!”, ordenó el presidente Nicolás Maduro a Conatel en caso de que algún medio –radio, televisión o redes sociales– propicie rumores. De hecho, el directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se declaró en “estado de sesión permanente”.
La percepción es que los poderes públicos buscan una excusa para ponerle coto a las redes sociales y así controlar las críticas al gobierno.
La especialista en opinión pública Mariana Bacalao considera que ni el gobierno ni la oposición se benefician con una campaña de rumores: “No da dividendos a nadie. Los rumores crean un estado de incertidumbre. Como no se pueden demostrar, producen ruido y obligan a los ciudadanos a tomar previsiones, como sucedió en Petare el martes, donde las madres no llevaron sus hijos a los preescolares porque tenían temor. No tenían cómo corroborar si el dato era verdad ni a quién preguntarle si eso pasó”.
Los rumores suelen ser dispersados con un fin y usado por el poder en determinada coyuntura: “Como instrumento de la malicia, distrae; centra la agenda en ese tema. La gente se olvida de los problemas sociales y económicos, pero se requieren ciertas condiciones para causar el impacto: la creencia de que eso puede pasar porque en la realidad y en la zona donde viven ocurren cosas violentas. Por eso vimos a los motorizados movilizados. Sin embargo, llama la atención que lo hayan hecho sobre pistas falsas. Los estudios indican que quienes se movilizan poseen conocimiento o alguna información que los obliga a actuar, a creer en el rumor. ¿Protestan porque tienen miedo? ¿O querían llamar la atención de las instituciones? El caso es que creyeron que el hecho era cierto. ¿De dónde lo sacaron?”. La respuesta, para Bacalao, está en que la gente sabe que esas cosas ocurren: “Si se revisan los medios vemos crímenes increíbles que son verdad. Pasan situaciones inimaginables y todos terminamos acostumbrándonos a ellas”.
Aunque no se atreve a indicar que la fuerza de motorizados participó en un plan o una especie de ejercicio organizado desde el gobierno, a Bacalao sí le intriga que la Polícía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana no hayan aparecido cuando sí lo hacen al ver estudiantes en la calle: “No hubo fuerza de orden, ni cuerpos antimotines”.
Acusación irresponsable
El Ministerio Público movilizó a la plana mayor para “aclarar” la denuncia de la madre, aseguró la fiscal Luisa Ortega Díaz. No solo cotejó la declaración de la mujer con las autoridades del colegio y su esposo, sino que determinó que sus niños estudiaban en Antímano y no en La Castellana. A partir de allí, fue detenida y el caso tuvo un giro: el móvil político.
La Fiscalía no reveló nombres, pero Ortega Díaz pidió que los autores intelectuales no se declararan “presos políticos” para evadir su responsabilidad. Más tarde, Maduro enfocó el ataque contra el alcalde Carlos Ocariz sin presentar pruebas.
“El señalamiento del presidente no solo fue precipitado, sino irresponsable. Como parte de un poder no puede incriminar a nadie, por lo que parecería que hay un plan para acusar a personas sin presentar las pruebas totales. Estamos en presencia de una campaña para ensuciar la reputación de personalidades, cuando lo responsable es que el gobierno investigue; que encuentre los elementos probatorios y, en caso de que sea afirmativo, proceda a aplicar la justicia”, expuso Mariana Bacalao.
En un intento por ayudar a revertir esta nueva situación, la experta recomienda que las instituciones no permitan el vacío informativo y que tengan liderazgo creíble. “El manual para combatir los rumores exige: 1) explicarle a la población lo negativo que resulta hacerse eco de ellos; 2) si el rumor aparece, debe usarse a voceros que gocen de credibilidad para desmentirlo o que intervengan expertos de manera que la sociedad confíe en ellos por encima de la coyuntura política”.
“Gobierno ofensivo”
El director de Atención Ciudadana de la Alcaldía de Sucre, Ángel Alvarado, rechazó las imputaciones de Miraflores y señaló que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz visitó a la policía municipal el miércoles y comprobó que se actuó de forma profesional.
“El gobierno no puede acusarnos de nada porque la Alcaldía de Sucre fue la primera en desmentir el hecho; habló Polisucre y luego el alcalde Ocariz, así que los señalamientos de Maduro son ofensivos. Desconocemos el propósito del rumor o si había un plan, lo que nos preocupó fue la zozobra que generó”.
El funcionario agregó: “Al comprobar que ni en el Cicpc ni en la policía municipal había alguna denuncia sobre robo de niños advertimos que era un rumor. El martes salieron los motorizados y se generó una histeria colectiva. Inmediatamente llamamos a la calma y que en caso de una situación irregular acudieran al Cicpc. Nos llamó la atención que en un acto en la redoma de Petare se hablara de secuestros de niños y que los motorizados fueran a VTV, a Televen y que la Guardia Nacional no interviniera”.
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