El Comité para la Protección de Periodistas alertó hoy sobre la censura y los ataques a los que se enfrentan los caricaturistas en muchos países del mundo, como Venezuela.
En un informe publicado hoy, el CPJ sostiene que medios de comunicación en el país parecen haber cedido a las presiones del Gobierno y pone como ejemplo lo ocurrido a la caricaturista Rayma Suprani, despedida de El Universal después de publicar una imagen utilizando la firma del difunto presidente Hugo Chávez.
Según dijo Suprani al CPJ, el dibujo molestó porque «desmontaba toda una iconografía sagrada que el Gobierno quiere vender a los venezolanos».
El informe repasa la situación de los dibujantes satíricos, amenazados en algunos casos por extremistas como los que atentaron contra el semanario francés Charlie Hebdo y en otros por Gobiernos y líderes políticos.
«Debido a que la labor de los caricaturistas tiene la capacidad de trascender fronteras e idiomas, así como simplificar situaciones políticas complejas, las amenazas que enfrentan los caricaturistas de todo el mundo (…) superan con mucho el extremismo islámico», señala el documento.
El texto, elaborado por el responsable de la organización para el sureste asiático, Shawn W. Crispin, repasa varios casos emblemáticos del acoso al que se enfrentan los dibujantes en países como Malasia, Siria y Suráfrica, con procesos judiciales impulsados por las autoridades, amenazas y violencia.
En el caso de Ecuador, incluye el caso del caricaturista Xavier Bonilla, conocido como Bonil, que según la organización se enfrentó a la censura gubernamental por sus caricaturas del Ejecutivo de Rafael Correa.
El CPJ documentó cómo la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), un organismo estatal que monitorea el contenido de los medios, dictaminó en 2014 que Bonil debía «rectificar» una caricatura que hacía alusión a un allanamiento policial contra la casa de un periodista que investigaba una demanda gubernamental contra la empresa de energía Chevron.
A su periódico, El Universo, le aplicaron una multa equivalente a un porcentaje de sus ingresos trimestrales, una suma de aproximadamente 95.000 dólares, añade el documento.
Según el CPJ, las redes sociales han aumentado en los últimos años la visibilidad y el alcance de las caricaturas y, con ello, los riesgos para sus autores.
Fuente: DC| EN