Pueda que el régimen de Nicolás Maduro le reste importancia a las acusaciones, pero los tribunales estadounidenses que investigan a altos funcionarios del chavismo han manejado algunos de los más sonados casos de narcotráfico de la historia, enjuiciando exitosamente a personajes que van desde el ex dictador panameño Manuel Noriega hasta los capos de los carteles colombianos.
“Han sido literalmente docenas y docenas de casos de narcotráfico que han sido procesados en las cortes federales del Distrito Sur de Florida y el del Distrito Sur de Nueva York”, dijo el abogado David Weinstein, quien precisamente encabezó la sección de narcóticos de la fiscalía de Miami.
“Los archivos están llenos de juicios de narcotraficantes que han sido realizados en Miami y Manhattan, e incluyen casos de los carteles colombianos, casos involucrando a ciudadanos y de altos funcionarios de otros países latinoamericanos y del caribe”, señaló.
Ambas fiscalías federales están actualmente investigando los vínculos entre altos funcionarios del chavismo con el narcotráfico y han recaudado evidencia que incriminan al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami.
Las investigaciones –que han sido reportadas por distintos medios internacionales incluyendo The Wall Street Journal, The New York Times, el ABC de España y el Nuevo Herald, entre otros– concluyen que existe suficiente para creer que Cabello es el máximo jefe del denominado Cartel de Los Soles, organización criminal que monopoliza el tráfico de droga en Venezuela.
Pero esas informaciones han sido rechazadas por los máximos dirigentes del régimen de Maduro, con el propio Cabello tratándolas solo como una campaña de desprestigio emprendida por diarios internacionales en alianza con medios locales.
“Yo estaría muy preocupado si estuviera en los zapatos de ellos”, comentó Thomas Raffanello, ex agente especial de la agencia antidroga DEA.
“Miami se ha forjado una reputación de llevar los mayores casos de narcotraficantes en el mundo. Es una de nuestras especialidades”, dijo Raffanello, quien precisamente pasó parte de su carrera en la sección del Sur de Florida. “Los investigadores de Miami probablemente son los que tienen la mayor experiencia en el mundo para tratar casos de tráfico de droga”.
Pero la de Manhattan no se queda muy atrás, agregó.
“La del Distrito Sur de Nueva York. Ellos también tienen gran experiencia en esta materia, pero probablemente son los mejores después de Miami”, dijo.
Ambas fiscalía han llevado el grueso de los mayores casos de narcotráfico realizados en Estados Unidos.
Fue la corte de Miami el que condujo el complicado caso contra el general Noriega en 1992, donde fue encontrado culpable de ocho cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.
La Fiscalía de Miami también proceso exitosamente los casos contra los fundadores del Cartel de Calí, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes fueron en un momento dado considerados como los mayores exportadores de cocaína del mundo.
Miami también proceso a la máxima cúpula de la policía de las fuerzas armadas de Haití, que terminaron siendo extraditadas a Estados Unidos, tras cometer crímenes sin prescripción.
Otro de los procesados en el Distrito Sur de Florida se trató del general de la policía de Bolivia René Sanabria Oropeza, quien como zar antidrogas se preciaba de haber batido récord en la confiscación de cocaína así como del arresto de peligrosos narcotraficantes internacionales.
La Fiscalía de Manhattan, entretanto, también tiene un largo historial en la lucha contra las drogas, procesando exitosamente a narcotraficantes de alto perfil, incluyendo a integrantes del Cartel del Norte del Valle de Colombia.
Entre estos, se encuentra Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego, quien una vez estuvo entre los diez hombres más buscados del FBI y fue sentenciado en el 2009 a 45 años de prisión.
La fiscalía también estuvo a cargo de procesar al narcotraficante colombiano Daniel «Loco» Barrera y había solicitado a Colombia la extradición del narcotraficante venezolano Walid Makled, antes de que éste fuese trasladado a Venezuela donde está siendo procesado.
Entre los enjuiciados en Nueva York se encuentra el ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, quien fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de haber aceptado millones de dólares en sobornos del Cartel de Juárez. Y más recientemente, el hijo del presidente de Surinam, Dino Bouterse, quien fue sentenciado en marzo a 16 años de cárcel.
El procesamiento de altos funcionarios de otros países implicados en el narcotráfico es una situación a la que ambas fiscalías ya están acostumbradas, comentó el abogado Ruben Oliva, quien en el pasado ha representado a algunos de los acusados por narcotráfico en la corte de Miami.
“Las fiscalías de Estados Unidos, y la de Miami en particular, ya tienen una gran experiencia sobre como sobrellevar este tipo de casos, y lo han hecho anteriormente al procesar a altos funcionarios de gobiernos extranjeros que han asistido de alguna manera las operaciones de narcotráfico”, comentó Oliva.
Un funcionario puede ser procesado incluso cuando no haya participado directamente en los envíos de la droga.
“La ley de confabulación de Estados Unidos es mucho mas amplia y abarca muchas más actividades que lo que se encuentra en las leyes de muchos países sudamericanos o del caribe. Si alguien ayuda en cualquier manera que un delito de este tipo sea realizado, bajo la ley americana puede ser sujeto a un proceso penal por ese delito, especialmente cuando se trata de narcotráfico”, explicó.
Y las fiscalías que llevan este tipo de casos operan bajo total autonomía, no se comunican entre sí, y están totalmente libre de cualquier potencial presión o intento de ejercer influencia que podría venir del gobierno federal.
“A diferencia de otros países, donde las operaciones de los fiscales es centralizada, y donde en teoría puede haber una intervención directa de un fiscal general de la república puede evitar que a un individuo se le presenten casos, en Estados Unidos eso es prácticamente imposible”, dijo Oliva.
“En Estados Unidos el Fiscal General no puede intervenir en alguno de estos casos. Está totalmente prohibido que se comunique con el fiscal de de uno de los distritos y pedirle que introduzca cargos o que retire cargos contra algún individuo. Eso no es permitido. Así no es como funcionan los procesos en los estados Unidos”, agregó.