Lusbi Portillo, ambientalista de la organización Homo et Natura y defensor de los derechos de las comunidades indígenas en la Sierra de Perijá, aseguró que los trabajos de explotación de carbón en la Sierra de Perijá amenazan el ecosistema de la zona, además de poner en riesgo el suministro de agua potable en varios municipios del estado; entre esos Maracaibo.
El ambientalista explicó que a partir del decreto publicado en Gaceta Oficial el pasado mes de febrero que autoriza la explotación del carbón en 24 mil 192 hectáreas generaría más pérdidas que ganancias.
Portillo informó que algunos ríos de la zona como Guasare ya están contaminados y representan un riesgo para las comunidades indígenas que consumen el agua de caños, ríos y riachuelos. Destacó que han realizado estudios en los peces que demuestran que no están aptos para el consumo por presentar altas concentraciones de metales pesados.
Sequía eterna
El 90 por ciento del agua que surte los embalses Tulé y Manuelote que llevan el agua a cinco municipios del estado Zulia proviene de los ríos Socuy, Maché y Cachirí, quedarían contaminados por los trabajos de reactivación de la Mina Norte.
Portillo explicó que para reactivar la producción en la mina, plantean el drenaje de 30 millones de metros cúbicos de agua contaminada con metales pesados los cuales serían vertidos en los caños de la zona ocasionando la contaminación de los afluentes que surten de agua a los embalses.
Señaló que en 2007, Jacqueline Faría, la ministra de Ambiente de turno, informó que esas aguas además estaban llenas de sulfato.
Informó que los planes de trabajo, además de la deforestación, incluyen el desvío del río Socuy.
“Ya el Cachirí está seco, solo queda el Socuy y Maché que surten de agua a Maracaibo y a otros municipios como Mara, Guajira, Jesús Enrique Lossada y San Francisco, yo no sé qué está esperando el Gobierno para hacer algo, aquí está en juego la vida del estado, si ya tenemos sequía cómo será cuando Manuelote y Tulé se quede sin el principal río surtidor; cuando desvíen el curso del Socuy”.
Posición oficial
El pasado mes de octubre en una entrevista con Vladimir Villegas, Francisco Arias Cárdenas, el gobernador de la entidad, señaló que una explotación de carbón era impensable.
“El tema de la Sierra de Perijá y la explotación de carbón allá está negada (…) es impensable, ahí está la fuente de agua de los ríos, la preservación del microclima, de la fauna”. Destacó el mandatario regional sin embargo, no objetó la publicación de la autorización el pasado mes de febrero.
Sin embargo, el vocero de la organización ambiental denunció que el Gobierno es dueño de toda la producción del carbón en la zona, aseveró que la firma holandesa que manejaba la Mina Norte abandonó las operaciones y las acciones fueron adquiridas por el Gobierno nacional.
Apuntó que tras la adquisición gubernamental el Ejecutivo reactivó las operaciones y esperan tener una extracción de dos millones de toneladas de carbón al año.
Rescate de proyectos
El ambientalista criticó el abandono de proyectos que podrían generar más energía que la explotación carbonífera que arrasaría con la flora y fauna de la Sierra. Aseguró que el Parque Eólico de la Guajira está abandonado, indicó que los trabajadores manifestaron que lo dejaron por la inseguridad.
“Dicen que está parado por la delincuencia, pero en la Guajira hay mucha inseguridad, la gente que está allá no quiere trabajar, la inseguridad es una excusa porque no hay nada más inseguro que Carbones de Guasare, allá todos los días se roban hasta los cables de la electricidad e igual están allá deforestando todo.
Destacó que el proyecto del parque merece ser recuperado, el Parque Eólico generaría 10 mil megavatios mientras que el Guri produce 16 mil y en la región solo se necesitan dos mil. Indicó que los trabajos de la mina son onerosos y traerían graves consecuencias.
El Gobierno autorizó el pasado mes de febrero la explotación del carbón en 24 mil 192 hectáreas
Chávez se negaba
En 2007, Hugo Chávez, manifestó que la explotación carbonífera de la zona era inviable porque entre sus consecuencias estaría la destrucción de bosques y el desplazamiento de comunidades indígenas además de un incremento en los niveles de contaminación.
24 mil 192 hectáreas es el área que abarca la explotación autorizada por el Gobierno.
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