El gobierno francés anunció este lunes un nuevo paquete de medidas destinadas a simplificar la vida de particulares, en especial de adultos discapacitados, y empresas, sobre todo en el sector de la agricultura, la industria y la construcción.
El gobierno calcula que las 273 medidas destinadas a las empresas y las 95 que favorecen a los particulares, aprobadas hasta ahora generarán un ahorro de 3.300 millones de euros, aunque espera que llegue al final de la legislatura a 11.000 millones, reseñó AFP.
«Simplificar es bueno para la actividad económica y es más justo», aseguró el ministro de Economía Emanuel Macron al presentar las medidas.
«Hay medidas para evitar el doblón con las normas comunitarias», señaló, antes de anunciar que para el verano, se simplificará el código de los mercados que reducirá en 200 páginas el conjunto de los textos» para el sector.
De las 92 medidas desveladas el lunes, 40 simplifican las gestiones administrativas de los particulares, y una decena afectan específicamente a los discapacitados.
Por ejemplo, los discapacitados tendrán, a partir de 2017, una sola tarjeta de «movilidad inclusión» que reemplazará a las actuales tarjetas de estacionamiento y de prioridad en los trasportes y los lugares públicos.
También se simplificarán otras gestiones sobre ayudas y se ampliará el plazo de las mismas de dos a cinco años.
A partir de septiembre de este año, será posible registrarse en las oficinas de empleo por internet y a partir de 2018 también se podrán impugnar en línea las multas por exceso de velocidad por infracciones cometidas por otros conductores.
Beneficios para las constructoras
Las empresas se beneficiarán de 52 medidas nuevas, en particular en las explotaciones agrícolas y se reducirán y simplificarán una serie de requisitos medioambientales, como los análisis de los desechos de aire y agua, cuya frecuencia podría verse reducida sobre la base de una justificación del explotador a partir del segundo semestre de 2015.
A finales de este año se derogará la tasa general sobre actividades contaminantes (TAGP) de las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente (IPCE) y se reduce a seis meses el plazo para recurrir las autorizaciones concedidas a lugares potencialmente peligrosos.
El sector de la construcción será otro de los principales beneficiarios con una nueva reducción normativa y el aumento de las horas de trabajo para los menores aprendices.
A partir de ahora, ya no será necesario comunicar sistemáticamente la ficha policial que se realiza en la hostelería para los 31 millones de clientes extranjeros recibidos al año en Francia aunque tendrán que conservarla seis meses.
El gobierno también prepara una reforma sobre las licencias para la venta de bebidas.
DC | AFP