La Asociación de Alcaldes por Venezuela exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que fije la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año.
El alcalde del municipio Sucre y presidente de esta alianza, Carlos Ocariz, señaló que los procesos electorales realizados durante los últimos tres años en el país, fueron convocados por el ente comicial con un período de entre 7 y 9 meses de anticipación.
“Exigimos al CNE que se pronuncie cuanto antes para fijar las fechas de las elecciones parlamentarias, y no es una petición que le hacemos los alcaldes, sino todo el pueblo de Venezuela, es un clamor popular que de una vez por todas el CNE fije la fecha de las parlamentarias”, afirmó Ocariz.
Advirtió que el país vive una “olla de presión” social, con constantes protestas; económica, con inflación y desabastecimiento; y política, pues en enero de 2016 debe asumir la nueva Asamblea Nacional, con un necesario proceso electoral que defina el poder legislativo, el “poder de poderes”.
Inconstitucional destitución de alcaldesa
La junta Directiva de la Asociación de Alcaldes por Venezuela denunció como un procedimiento ilegal e inconstitucional la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para suspender a la alcaldesa del municipio José Antonio Páez del Estado Apure, Lumay Barreto.
“Los más altos magistrados de la República han violado la propia Ley del TSJ. La Sala Constitucional es manifiestamente incompetente para conocer esta medida interpuesta por un grupo de concejales del municipio José Antonio Páez, que ha debido ser atendida por la Sala Administrativa. Las formas de terminar un mandato antes de tiempo están contempladas en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y son muerte, renuncia, incapacidad física-mental certificada por médicos especialistas, sentencia firme por un tribunal de la República y revocatoria de mandato, y ninguno ha sido el caso de Barreto”, argumentó Gerardo Blyde, alcalde de Baruta.
Indicó que Barreto aún no ha sido notificada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal y acude a su despacho en la Alcaldía del municipio José Antonio Páez. No descartó que de ocurrir el que calificó como irregular procedimiento jurídico, la acompañen desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela para introducir un recurso de oposición ante el ente rector del derecho. “Solicitaríamos la revocatoria de esta medida írrita, ilegal e inconstitucional”, dijo Blyde, quien además aseguró que «si los magistrados del TSJ quieren legislar, que se lancen a diputados de la próxima Asamblea Nacional».
Condenan ataques violentos en municipio Mario Briceño Iragorry
Asimismo, los miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazaron la toma de la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, por parte de grupos violentos y armados identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, desconociendo el voto popular expresado el pasado 8 de diciembre de 2013.
El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, informó que ya se encuentra en condición estable el camarógrafo que fue arrojado desde el segundo piso de la sede del ayuntamiento aragüeño, y que, con coraje y gallardía el Alcalde y los trabajadores de Mario Briceño Iragorry retomaron la Alcaldía.
“El Ejecutivo Nacional tiene un plan para acabar con el último ápice de democracia que queda en el país, que son los gobiernos locales, los más cercanos a la gente y que viven de cerca problemas como inflación, escasez y falta de agua. Y lo hace encarcelando a alcaldes electos por el pueblo como Ceballos, Scarano, Ledezma, con investigaciones: 33 de 72 alcaldes tenemos juicios abiertos, con la no transferencia de recursos, lo que entorpece la ejecución de proyectos, con la creación de un Estado paralelo, la comuna y con grupos armados, violentos, colectivos, que toman alcaldías”, indicó Smolansky.
Los burgomaestres abogaron por la liberación de los presos políticos. “En este mismo sitio, hace un año y 4 meses se llevaron preso a Daniel Ceballos, luego de una reunión de alcaldes, desde un primer momento rechazamos las acciones contra Ceballos y Enzo Scarano, luego contra Antonio Ledezma. Exigimos la liberación de Ceballos, Leopoldo López y Ledezma, al igual que todos los estudiantes detenidos, no van a irse, se quedarán en el país, esos procesos pueden seguir con ellos en libertad”, señaló Ocariz.
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