La petrolera estadounidense Chevron pidió a la Corte Constitucional de Ecuador que deje sin efecto una multimillonaria sentencia emitida en su contra en 2011 por tribunales ecuatorianos y anule el proceso ambiental al que fue sometida por daños ambientales en la Amazonia del país suramericano.
La compañía, en un comunicado difundido hoy en Quito, indicó que uno de sus abogados en Ecuador, Adolfo Callejas, presentó el pedido de nulidad al máximo organismo de control constitucional, por considerar que la sentencia judicial en su contra fue producto de un supuesto fraude y de corrupción.
En el escrito, la petrolera argumenta, entre otras cosas, que dicha sentencia obedece supuestamente a una conspiración entre los demandantes y el juez que condenó a la compañía, tras pagarle un soborno de medio millón de dólares.
La petrolera asegura que, “en virtud de las voluminosas pruebas de fraude y corrupción que permearon el proceso que resultó en la sentencia en contra de Chevron, la compañía ha solicitado a la Corte Constitucional que deje sin efecto la sentencia y declare la nulidad de todo el proceso desde su inicio”.
La empresa se resiste a pagar la sentencia de 9.500 millones de dólares de indemnización por los daños ambientales y sociales que los demandantes le han imputado haber dejado en la Amazonía ecuatoriana, durante el tiempo en que operó en el país, entre 1964 y 1992, bajo el nombre de Texaco, compañía posteriormente adquirida por Chevron.
De su lado, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, dijo que el recurso que ha presentado Chevron ante la Corte Constitucional es un elemento “reciclado” de los argumentos que ha planteado en anteriores oportunidades y que han sido descartados en otras instancias judiciales ecuatorianas.
Chevron es una “empresa especializada en reciclar” sus argumentos “que no son nuevos” y sobre los cuales las diversas instancias judiciales del país han ratificado que “no tienen la razón”, indicó Fajardo.
El abogado ecuatoriano dijo a Efe que, más bien, ha sido la petrolera la que ha armado un discurso del supuesto “fraude” con argumentos de peritos y testigos “que fueron sobornados” por ella.
Asimismo, señaló que el recurso presentado ante la Corte Constitucional es “especialísimo” y en el que se revisa si, en el proceso, “alguna de las partes sufrió alguna violación de derechos constitucionales”.
“En este caso no hay ningún derecho constitucional que Chevron pueda probar que ha sido violentado”, apostilló Fajardo.
DC – EFE