El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos mostró preocupación de la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela después de analizado el documento presentado el Estado venezolano en la reunión de hoy.
Uno de los 18 integrantes del Comité, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, manifestó su preocupación por la cantidad de leyes habilitantes que le han delegado poder al presidente Nicolás Maduro.
«Nos preocupan las Habilitantes en Venezuela y leyes que reprueban conductas que no son acorde a un marco limitativo. No se puede invocar el derecho interno para no cumplir una obligación internacional», señaló el comisionado, quien además cuestionó la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo: «Es un problema del Estado que no se haya elegido el Defensor del Pueblo bajo los estándares de la Constitución, sin contar con la participación ciudadana», declaró.
Por su parte, el experto de Georgia, Konstantine Vardzelashvili, solicitó información sobre las investigaciones adelantadas y las medidas tomadas ante la tortura y la violación de la que fue víctima la jueza María Lourdes Afiuni. En este sentido, el comisionado argelino, Lazhari Bouzid manifestó estar «boquiabierto» al conocer casos de jueces presos en Venezuela.
Ante esto, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, en representación del Estado, tuvo una confrontación con el experto tunecino, Ben Achour, argumentando que hacía «elucubraciones» sobre el caso Afiuni. «Nuestros procesos son transparentes. No es cierto que a Afiuni se le haya hecho tratamiento en un establecimiento militar», respondió la dirigente del Ministerio Público.
Los expertos consideraron desproporcionada la reacción de Ortega Díaz, y manifestaron que «a pesar de que se ha adoptado la Ley Contra la Tortura, parece que no es muy efectiva en la práctica».
En este sentido, pidieron datos precisos sobre las detenciones y las denuncias por tratos crueles y torturas en contra de manifestantes durante las protestas de 2014.
El comisionado francés, Olivier De Frouville, recordó que muchas de los detenidos no tuvieron oportunidad de preparar su defensa, lo que es una violación de artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Los miembros del Comité también solicitaron información sobre «La Tumba» y las condiciones de reclusión en el Sebin, así como de la atención médica que debieron recibir los detenidos, quienes en muchos casos fueron llevados a hospitales militares violando estándares internacionales.
Asimismo, los integrantes del Comité se mostraron seriamente preocupados por los altos niveles de violencia en el país, y por la actuación de grupos de civiles armados pro-gubernamentales.
Igualmente, los expertos interpelaron a los representantes del Estado venezolano sobre la violencia carcelaria, el respeto a los derechos de las mujeres y las medidas de protección a favor de las personas sexodiversas.
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