Hace un año Juan Carlos Varela asumió el poder político de un país cuyo crecimiento económico iba a la cabeza de toda Latinoamérica.
La nación respiraba prosperidad a través de sus rascacielos y grandes obras de infraestructura. Pero a lo interno, el país encaraba una crisis institucional y enfrentaba actos de corrupción nunca antes vistos.
Durante este último año, Panamá ha visto a exfuncionarios bajo arresto por participar en supuestos esquemas de corrupción. También pudo ver a un magistrado condenado a prisión, y a varios empresarios investigados y detenidos por presunta lesión patrimonial.
Inmerso en complejos procesos de auditoría, el Gobierno ha dedicado gran parte de su tiempo a documentar las irregularidades que se han encontrado en las distintas carteras. Aún no termina.
El sábado 27 de junio, el Presidente se reunió con sus ministros. Fue una especie de retiro en el Westin Playa Bonita, en Veracruz. Cada quien hizo un balance de lo que había hecho durante el último año.
Varela heredó obras mal planificadas. Infraestructura millonaria que no se usa. Un sistema de transporte público en concesión que resultó inoperante. Y problemas de viejo arrastre, como el déficit en el sistema de pensiones, han quedado a flor de piel. El encuentro en el Westin era una de las últimas reuniones del primer año. La idea era que los cabos sueltos quedaran atados.
De camisa, jeans y zapatos deportivos, Varela se enfrentó en un solo día a lo que había sido este atribulado primer año como mandatario. El dato más contundente del encuentro fue el monto de las licitaciones logradas. Se han contratado obras por 3 mil 998 millones de dólares, pero queda mucho por recorrer.
Eran pasadas las 4:00 p.m., cuando en medio de un receso, el Presidente concedió una entrevista a La Prensa. 40 minutos. Habló de planes concretos, negociaciones avanzadas y de decisiones ya tomadas.
Después de un año de su gobierno hable de los tres principales logros de su gestión.
Para mí lo más importantes es haber cambiado la política en el país. Enfocarla en servicio a la población y poder enviar un mensaje claro a los 200 mil funcionarios que trabajan conmigo de que estamos aquí para servir al pueblo, para trabajar con transparencia, con honestidad, en defensa de los intereses de la población.
Segundo, haber podido conformar un buen equipo de Gobierno, con personas comprometidas con el país, que compartan mi visión, que muchos han cruzado de la vida privada a la vida pública pero con ese compromiso de trabajar con transparencia. Y tercero, haber creado conciencia en la clase política del país que prácticamente estuvo al borde del abismo, del barranco.
Este primer año, Presidente, también ha sido de aprendizaje, háblenos de los errores, de las cosas que funcionan mal y que no han podido remediar.
En realidad para mí no fue de aprendizaje porque ya tenía la experiencia de 26 meses del gobierno anterior como vicepresidente y canciller, donde pude ver las cosas positivas que se hicieron como fue el hospital Luis Chicho Fábrega, que se inauguró en Veraguas, y los errores que se cometieron como el Centro de Convenciones de Amador, que a pesar de que es una obra mucho menos compleja que el Chicho Fábrega, se le asignó 40 millones de dólares más, y está abandonada.
Siento que sí… hay funcionarios de mi equipo que como es su primera experiencia en vida pública les ha tocado adaptarse al sistema de seguir leyes, procesos, refrendos, y procedimientos.
Lo más complicado del primer año fue haber heredado más de mil millones [de dólares] en proyectos en riesgo que aún no los hemos resuelto todos, aunque bastante se ha resuelto.
¿Con la Constituyente, qué planes tiene?
Puedo adelantar que así como en un momento dado vi que era oportuno arrancar el 1 de julio [el proceso para convocar a una Constituyente], siento que las situaciones de justicia que se ven en el Ministerio Público, en la Corte, aún están en una etapa inicial. Prefiero que el país esté en calma en la parte judicial para poder hacer un diálogo de todos los panameños (…). Hay dos temas más puntuales: la descentralización y la coordinación del sistema de salud público, que quisiera debatirlos para luego llevarlos al nivel constitucional. Quisiera avanzar en la descentralización para darle mayor responsabilidad a los gobiernos locales y a la coordinación efectiva del sistema de salud pública entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) para elevar ambos temas a nivel constitucional.
¿Esa coordinación de la que habla entre la CSS y el Minsa sería la unificación?
Es indispensable. Mayor eficiencia en lo que es la prestación de servicios médicos. No podemos estar creando más duplicidad en infraestructura, cuando esos recursos hay que inyectárselos en cumplir con las aspiraciones salariales de los gremios, en capacitar al personal, en comprar más equipo y nombrar más personal.
¿Cuándo iniciaría ese proceso?
Ya se está dando un diálogo (…). Ya hay varios ejercicios donde la CSS y el Minsa están unificando esfuerzos (…). El gobierno anterior invirtió más de 2 mil millones de dólares en infraestructura de salud pública, el reto de mi gobierno será poner eso a funcionar, y la única forma de ponerla a funcionar de una manera eficiente, es a través de una coordinación entre el Minsa y la CSS.
Usted visita los pueblos, las escuelas, está en las procesiones. Tendrá su estilo algún ingrediente adicional a partir del segundo año.
Ese no es el estilo del Presidente, ese es el estilo del ser humano que el pueblo escogió como Presidente, que va a ser el mismo que ha sido siempre. Yo he asistido a eventos cercanos a mí, a procesiones religiosas desde hace 15 o 20 años, desde que toqué esos pueblos, uno se enamora de la gente (…). No tienes idea de la cantidad de casos de personas con cáncer, de personas que necesitan la ayuda del Estado, que yo he identificado en los recorridos que hago.
Dijo que le había dado un tiempo a su equipo para poner las denuncias en este último año. ¿Su gobierno realmente empieza ahora?
Es más grande de lo que pensábamos. [El período] se extendió hasta el 31 de diciembre (…). 2015 es el período para que los ministros puedan presentar cualquier irregularidad. El 31 de diciembre de 2015 nuestro gobierno tiene que cerrar ese capítulo, y ya le tocará al sistema judicial, al Ministerio Público o a la ciudadanía investigar cualquier tema. Yo tengo que enfocarme en el presente, en el futuro. Ya el pasado cada día es más pasado. Los ministros tienen que entender que si encuentran cosas irregulares y no las presentan, estarían cometiendo un error, que es omisión.
En qué se enfocarán ahora específicamente…
Bueno, ustedes han visto los casos que se han manejado en el Ministerio Público, pero principalmente nos hemos enfocado en los proyectos en riesgos, ya ustedes vieron lo que pasó en el del Sistema de Riego de Tonosí, un proyecto donde hay 40 millones de dólares de adelanto del Estado, y no había ningún tipo de obra.
Tres proyectos macros en los que el gobierno enfocará su mirada.
Educación, el primero. Hemos establecido más de 200 proyectos, que suman más de mil millones de dólares en los cuatro años de gobierno que quedan y que llevarían al país a eliminar las aulas rancho. En 10 licitaciones se van a eliminar las aulas rancho.
Darle sanidad básica a todas las escuelas que no la tengan. 50 escuelas medias para que todos los estudiantes se gradúen de secundaria y 10 mil aulas nuevas para ir a jornada única. Después está el fortalecimiento a los profesores, vamos a mejorar [el programa] y vamos a empezar también en matemáticas. Sistema de alcantarillado en todas las cabeceras de distrito, y fortalecer el tema del agua potable con una potabilizadora y el haber ampliado la unidad de saneamiento de la bahía de Panamá hasta La Chorrera.
Y también, nos enfocaremos en el tema de transporte. El Gobierno va a hacer una inversión importante: la línea 2 y la línea 3 del Metro, y la adquisición de la empresa del Metro Bus.
¿ Cuánto prevé invertir el Estado en todo esto?
El plan de inversión del Gobierno en los próximos cinco años se acerca a los 20 mil millones de dólares. Con un crecimiento económico sostenido de 6% a 7%.
Habló del Metro Bus ¿Cuánto va a costar eso?
El pago que toca hacerle a la empresa, más asumir la deuda que tiene la empresa.
Y eso es…
Puede estar cerca de los 250 millones de dólares.
¿Cómo están las negociaciones?
Muy cerca de concluirse, y también muy cerca de concluirse la parte de cerrar con un operador con gran experiencia para operar la empresa, y también su incorporación a la empresa Metro de Panamá, S.A.
¿Quién es ese operador?
Pronto estamos por cerrar los dos temas, tanto la compra, como la negociación con el operador.
¿Será un contrato directo?
Es correcto.
¿Esto cuándo se anunciará al país?
Yo espero que en el mes de julio. Me hubiera gustado anunciarlo el 1 de julio, pero hay unos detalles que aún se está negociando.
¿Cómo será el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
En el primer Gabinete de julio se va a aprobar el reglamento que se va a utilizar para escoger a los dos magistrados que tendrán 10 años en la Corte.
Para el nombramiento de los que tienen que reemplazar a los que tienen menos tiempo [reemplazos de Alejandro Moncada Luna y de Víctor Benavides] se va a tratar así mismo en el Gabinete, el esquema que se va usar pero aquí va a hacer algo más directo. No podemos llevar eso a consulta ciudadana, pero sí muy a conciencia y buscando un consenso con la sociedad civil.
Y ese reglamento ¿qué contiene?
Se va a hacer una convocatoria para que los jueces de carrera puedan aplicar. Será un proceso transparente.
Dado que al Ejecutivo le corresponde hacer las denuncias pertinentes, ya usted dijo que dio plazo a los ministros hasta el 31 de diciembre, tiene algún tema al que le pondrán la mirada desde el punto de vista judicial.
Este país fue afectado por un pecado que es la codicia. La única forma de liberarte de este pecado es desprenderte de los bienes que no te pertenecen. Cuando yo empecé a hablar del tema de Cobranzas del Istmo no era por adelantar qué iba a pasar en el sistema judicial, sino enviándole un mensaje a las personas responsables que tenían que devolverle al país lo que le pertenecía. Sigo con ese mensaje, el que tenga algo que sienta que no se lo ganó de una forma debida, que lo devuelva.
En ese sentido, Presidente, ¿cuáles son los cambios que prevé se puedan dar para fortalecer la institucionalidad?
Es muy importante dejar que el sistema funcione. Este país cuenta con las leyes y con su sistema democrático. Lo que necesitamos son hombres y mujeres que las hagan cumplir. Que el Ministerio Público haga su trabajo, que la Contraloría haga su trabajo. Que la Superintendencia de Bancos haga su trabajo. Que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo. El país se había acostumbrado a un ser supremo que vivía en la Presidencia de la República y no me refiero al presidente que me antecedió, sino a todos los presidentes. El país se había acostumbrado a un sistema en el que todo llegaba a la Presidencia. Si uno ve a una sinfónica, el director es quien la dirige, pero cada uno toca sus instrumentos, y así tenemos una mejor melodía.
¿Qué va a pasar con el Programa de Ayuda Nacional (PAN)?
Esa institución tiene que evolucionar a una dirección de asistencia social, de por sí no se está usando con la agresividad que se usaba. Lo que pasa es que el PAN tenía muchos proyectos en tránsito del gobierno anterior. Unos que cumplen con los requisitos y otros que lastimosamente tienen problemas. Entonces, cerrar la institución como se quería también era crear un caos en los proyectos en tránsito. Estamos disminuyendo su nivel de injerencia en el Estado. Ninguna institución está autorizada a usar el mecanismo del PAN para hacer sus obras.
Su gobierno ha heredado varias obras que no se pueden usar. La mayoría de ellas en el sector salud. Por ejemplo, la ciudad hospitalaria y los Minsa-Capsi en el interior. ¿Que harán con eso?
Con la ciudad hospitalaria se dio una reunión muy importante en la Presidencia en la tercera semana de junio, donde se le está pidiendo al patronato que maneja el hospital Oncológico, a la facultad de medicina [de la Universidad de Panamá] y al Instituto Gorgas que pasen a la ciudad hospitalaria manteniendo su autonomía, para así utilizar casi 45 mil metros cuadrados de la obra (…). Así que la ciudad hospitalaria va a ser concluida. Ya hay un acuerdo entre el contratista [FCC] y la CSS en base al tema de los materiales. Esperamos que el 1 de agosto se reactive la construcción, por la sala cardiovascular, por el hospital principal, mientras se adaptan los otros edificios a las decisiones que se han tomado.
¿Cuánto le cuesta esto al Gobierno?
Nos vamos a mantener en el presupuesto de costos de la ciudad hospitalaria que es de casi 550 millones de dólares y esperamos bajar el costo de operación de casi 300 millones de dólares a mucho menos de eso, producto de usar gran parte de la estructura.
La CSS y el déficit del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Cuál es el plan?
Hay que identificar fuentes de ingresos para fortalecer el programa de IVM y eso debe ser producto de un diálogo nacional. No se puede afectar la edad de jubilación. Sí siento que se podría evaluar el nivel de cuotas que hay que pagar, pero no la edad de jubilación.
En el tema económico, el PIB crece menos de lo esperado. ¿Qué plan tienen ustedes para dinamizar la economía?
Una vez entren en ejecución los proyectos de inversión del Gobierno, sin duda alguna van a favorecer el crecimiento económico a través de la inversión pública, la privada y la extranjera. El primer año fue de sentar las bases, para poner orden en el Estado, y eso sin duda tiene su costo, pero ya el Gobierno está listo, tenemos un nivel de efectivo en caja impresionante, muy fuerte. El déficit está en 1.4%, tenemos más de 700 millones de dólares en la caja central del Estado, así que una vez estos fondos se suelten, bajen licitaciones transparentes, se adjudiquen y esas obras arranquen, va a ver una reactivación económica por encima del 6% que es lo que estamos teniendo hoy.
¿Hay planes para reformar la ley de contrataciones públicas?
Sí, sin duda alguna. Estuvimos conversando con el director de Contrataciones Públicas y yo creo que el sistema de los pliegos es bien importante. Una licitación parte por tener un buen pliego, y asegurar de que ese pliego se respete. Con juntas evaluadoras independientes. Esto será un debate amplio donde todos tendrán la oportunidad de participar(…).
Por qué se le permite a Odebrecht seguir participando en licitaciones, teniendo en cuenta el escándalo en el que está envuelta.
Los procesos de licitación de mi gobierno son procesos transparentes. Yo respondo por los procesos de licitación de mi gobierno. Nos toca separar la ejecución de las obras de los procesos judiciales. Panamá va a escoger su camino: auditorías en la Contraloría. Auditorías por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI). El subdirector de la DGI se va a enfocar mucho en el tema de los contratistas del Gobierno para poder ver el flujo de recursos del pueblo que se manejaron en los contratos. Pero nos toca separar los procesos para proteger las obras, porque sí se estaría castigando al pueblo.
Protegerlas, cómo…
Es que mire, inclusive en el caso de Hidalgo & Hidalgo en el que tienen a dos ejecutivos detenidos, hay que llegar a acuerdos [con ellos] porque en este momento hay una obra: la colectora de todas las aguas servidas del sector de Tocumen. Si ese proyecto se abandona, se afecta a los ciudadanos de Las Acacias, de Tocumen, porque sus aguas servidas no se pueden conectar a la planta de Juan Díaz, entonces hay que proteger las obras.
En el caso del centro de convenciones hay una investigación judicial muy seria sobre las personas que promovieron ese centro, pero a nosotros nos toca ver cómo reactivamos ese centro de convenciones.
¿Qué han encontrado en ese proyecto?
Ahí hay más de 70 millones de dólares invertidos y no se ve el avance de la obra. Había una deuda importante con un banco del Estado y lastimosamente los fondos que se adelantaron para esa obra como préstamos, se usaron para otros propósitos que le toca investigar al Ministerio Público.
En las reformas que se van a hacer a la Ley de Contrataciones, no incluirá algo que tenga que ver con sanciones.
Sin duda alguna, creo que en la reforma a la ley se pueden ver sanciones, multas, y en algún momento dado el evitar que [empresas cuestionadas] participen en procesos. Lo que no podemos es convertirnos en jueces. Como presidente me toca cumplir con mi plan de gobierno, por eso he sido bien claro: voy a proteger la ejecución de las obras. No voy a detener las soluciones que afectan al pueblo.
¿Esa empresa [Odebrecht] fue donante de su campaña o donó dinero para su partido político?
No fue donante de mi campaña. Mi preocupación es por 5 mil colonenses y por los 500 mil panameños que van a ser beneficiados por la línea 2 del Metro. Entiendo que muchas personas están obsesionadas con el tema, y es hasta positivo que en el país se pueda dar este debate, (…). Solo tengo cinco años para servir al país (…). Yo podría estar en mi casa de playa con una cuenta de Twitter cuestionando, pero es diferente, a mí sí me toca ir a Colón a ver cómo esa gente vive, para cumplirles. Eso está por encima de todo, y si eso es producto de críticas, bienvenidas las críticas.
¿No cree que estos conflictos pueden impactar negativamente a la hora de que esas empresas busquen financiamiento para hacer las obras?
Creo que Panamá cuenta con la capacidad, en este momento, nuestro problema no es un problema de acceso a recursos, sino un problema de ejecución. Yo no puedo detener la ejecución de las obras de Gobierno, y si en un momento dado estas situaciones que se dan crean situaciones de financiamiento, me siento contento de que nosotros contamos con recursos para poder enfrentar la ejecución de las obras.
Por último, ¿en que se va a enfocar su política exterior desde ahora?
Tenemos temas muy puntuales, con Asia, con Japón, está el tema de la línea 3 [del Metro] que está por concluirse en cualquier momento el acuerdo. Con Europa: un mensaje claro: nosotros pasamos una ley contra el blanqueo, eliminamos el tema de acciones al portador, y a partir del 1 de julio de 2015, [doy] un año a todos los países para que nos saquen de todas esas listas, sino Panamá empezará a tomar medidas con esos países. Retorsión desde el 1 de julio de 2016, para el país que nos mantenga en esas listas.
Fuente: DC|LaPrensa