La Policía Federal brasileña, en una nueva fase de la operación por el caso de corrupción en la estatal Petrobras, detuvo hoy al exdirector del Área Internacional de la petrolera Jorge Zelada, al que uno de los delatores del proceso acusa de beneficiarse de la red de corrupción.
Zelada fue detenido en su casa de Río de Janeiro y deberá ser trasladado a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde se centra el proceso judicial del caso.
Zelada fue acusado por el exdirector de Abastecimiento de la compañía estatal Paulo Roberto Costa, que se encuentra en prisión domiciliaria en Río de Janeiro al beneficiarse de un acuerdo de delación premiada a cambio de una reducción de pena.
Según el Ministerio Público, el Principado de Mónaco bloqueó una cuenta de diez millones de euros (más de once millones de dólares) a nombre de Zelada, que ocupó la Dirección Internacional de Petrobras entre 2008 y 2012 en sustitución de Néstor Cerveró, preso en Curitiba por el mismo caso.
La decimoquinta fase de la operación policial por el caso de Petrobras se realiza este jueves en Río de Janeiro y la vecina localidad de Niteroi con cuatro órdenes de registro y la de detención preventiva de Zelada.
La corrupción en Petrobras ha llevado a la detención de decenas de empresarios, exdirectivos de la petrolera y políticos, entre los que figura el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.
Asimismo, la justicia investiga a medio centenar de políticos, entre los que están los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos dirigentes del PMDB, que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer.
La policía afirma que las empresas privadas implicadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios y repartían las diferencias entre algunos directores de la empresa petrolera y políticos que amparaban esas irregularidades.
En ocasiones, según las autoridades judiciales, el dinero se entregaba a los partidos en forma de donaciones legales para campañas, que eran debidamente registradas pero tenían origen ilícito.
DC | EFE