El Consejo Nacional Electoral fue un ente creado en 1936 (aunque se llamó primeramente Consejo Supremo Electoral hasta 1999) y durante toda su trayectoria, antes de la llegada de este régimen al poder, nunca se generaron dudas sobre la ecuanimidad de este órgano comicial. Uno no recuerda casos escandalosos y los nombres de sus rectores eran reconocidos con prestigio por el equilibrio que a todos los partidos le conferían sus autoridades.
Es uno de los cinco poderes constitucionales que configuran la ordenación del Estado, cuyo objetivo principal debería ser la imparcialidad, pero que lamentablemente forma parte de los tentáculos del partido de Gobierno. Es innegable cómo cuatro de los cinco rectores que lo conforman infringen los principios básicos precisados en sus estatutos.
Así se lo demanda la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 294: «Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, trasparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios».
Pero sin duda, todos hemos sido testigos de los excesos continuos que ha tolerado impunemente el CNE. La propaganda electoral desmedida del fallecido presidente Chávez en alocuciones larguísimas, era evidente en cadenas nacionales donde se hacía apología a los candidatos del PSUV. Con Maduro ha sido igual.
Las oficinas públicas empapeladas de afiches y banderas del PSUV son otro descaro que ha permitido el CNE durante 15 años sin que hasta ahora se haya conocido de alguna mínima reprimenda a PDVSA, ministerios o a Corpoelec, que por cierto utiliza las escaleras telescópicas para colocar banderas y propaganda en postes de electricidad.
También está el uso descarado de los recursos del Estado en movilización de votantes del chavismo y en cada proceso vemos este delito que descaradamente se hace desde oficinas públicas. Peor es aún la presión que ejecutan contra funcionarios, amén de la forzada asistencia del voto con el cual intimidan a algunos electores.
En el caso del Zulia hemos denunciado la aberración de que una institución civilista por naturaleza como es el poder electoral, funcione en una institución militar. Estuvimos en la sede regional del CNE hace semanas y la directora de la Oficina del Registro Electoral del Zulia, Marisela González, se comprometió a que antes de iniciar el proceso de diciembre mudarían esa sede. Esperamos que cumpla su palabra pero seguiremos exigiendo que saquen ese poder que es del ciudadano, de la Primera División de Infantería y Guarnición Militar del Zulia (La Barraca).
Igualmente hemos denunciado que este proceso es el que menos publicidad en la Historia ha tenido. En el pasado quedaron las grandes campañas de televisión, radio, vallas, que solía tener el CNE. Y todo el mundo, incluso los mismos chavistas, saben que el caso es que han percibido que los jóvenes no apoyan «el proceso revolucionario» y decidieron ponérselas difícil para evitar que se inscriban.
Pese a todo este desequilibrio seguiremos apostando que en el futuro podamos tener un poder electoral al servicio del pueblo y no del Gobierno. También felicitamos a los jóvenes que a pesar del sol, las lluvias, las máquinas escondidas, las distancias, hicieron lo imposible por brincar todos los obstáculos y formalizar su inscripción. Nuestro reconocimiento a quienes demostraron que la voluntad puede más que todas esas artimañas, pues es votando masivamente como podremos derrotarlos.
Sólo la participación activa del ciudadano puede quebrar cualquier propósito de desviar la decisión del votante. La presencia de miembros de mesas, técnicos, testigos y representantes de partidos democráticos, son agentes inexorables para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
DC / Lester Toledo / Diputado CLEZ / @LesterToledo