Ante la situación de violencia e inseguridad que vive el país, se hace necesario abordar desde el esfuerzo intelectual, políticas públicas de seguridad exitosas aplicadas con efectividad en ciudades como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Sao Paulo y New York, a fin de que sean tomadas en cuenta en la agenda y gestión de los gobernantes, así como otros estudios que puedan servir de aporte ilustrativo ante este flagelo que mantiene en jaque a la ciudadanía.
Partiendo de este análisis comparado de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, nos enfocamos en el desafío que lograron enfrentar exitosamente los gobernantes de las ciudades antes mencionadas, asumiendo la inseguridad como prioridad número uno dentro de la acción del gobierno, y bajo la aplicación del método de la planificación estratégica situacional, se logró explorar y describir las causas que generaban los focos principales de inseguridad y de allí formular las estrategias de intervención, las acciones y tareas coordinadas que conllevaron a la disminución significativa de los índices de inseguridad en estas urbes.
Entre los dos factores claves determinantes de los gobernantes de estas ciudades al momento de asumir el gobierno, el más importante fue la voluntad política de hacer y cambiar el estado de las cosas y el segundo la capacidad o competencias adquiridas para lograr el cambio. Solo con la aplicación de estas dos variables se pudo dar inicio a la transformación de lo que se conocían como ciudades inseguras hoy ciudades vivibles,
Desafortunadamente, nuestras ciudades están dentro de las listas de los sitios más inseguros de Latinoamérica, a los ciudadanos nos ha cambiado la vida, a causa de la inseguridad, y lo más grave es que nos estamos acostumbrando, y no asumirlo, ni darle la prioridad que requiere, sólo traerá consigo un mayor crecimiento delictivo a corto plazo y una ciudadanía altamente decepcionada (ante la incompetencia del Estado) dispuesta a armarse o tomar las medidas que sean necesarias para defender sus vidas y bienes, por lo que estaríamos dando pie a la anarquía y al declive de la convivencia en democracia, bien como lo resumen Kelling y Wilson “El crimen es el resultado inevitable del desorden” .
Sería de interés, que los decisores del gobierno abordaran los estudios realizados por la escuela de Gary Becker, sobre la economía del crimen, los cuales señalan la enorme importancia que tiene un eficaz sistema de prevención y sanción en la expansión del delito. Indica que quienes ingresan al mundo delictivo hacen una elección racional basada en un examen de los costos y beneficios que reporta la actividad ilegal, si las personas que son proclives encuentran que los riesgos son bajos frente a muy altas ganancias, estarán muy animados a cometer el delito, también implica que el crimen aumenta cuando los trabajos legales son difícil de conseguir, debido quizás a una tasa desempleo pronunciada o porque las personas abandonan la escuela con pocas habilidades.
Por lo tanto tiene que haber una decisión política contundente y de consenso de los tres niveles de gobierno, para enfrentar este flagelo, además de asignarle los recursos apropiados a las policías para poder establecer con ello metas y plazos que persigan reducir los índices de criminalidad con la inmediatez posible, se hace necesario diagnosticar y atacar desde la raíz del problema los altos índices de criminalidad, violencia, atracos, robos, hurtos, extorsión, sicariatos, asesinatos entre otros males delincuenciales que atentan contra la paz de la ciudadanía.
Por lo pronto, el gobierno seguirá intentando atacar el problema de la inseguridad ante el escenario de la campaña electoral, bajo el esquema militar (Operación para la Liberación y Protección del Pueblo), desconectado totalmente de las recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, bien como lo sugiere el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” el cual recopila propuestas para mejorar los sistemas de justicia y la aplicación de la ley y se enfoca en las medidas preventivas, como la generación de oportunidades de empleo y promoción de la inclusión social, y una cultura de paz y de estabilidad.
DC / Alfonso Hernández Ortíz / Politólogo- Abogado / @ alfonsozulia / dialogopublico@gmail.com