Las operaciones militares aéreas, que juegan un papel fundamental en la ofensiva contra la guerrillas y bandas criminales en Colombia, están en el ojo del huracán tras dos accidentes con 27 víctimas mortales sobre los que se ha levantado una sombra de duda.
Desde que el Gobierno adoptó la política de los bombardeos y las operaciones de comandos aerotransportados, esta táctica cambió, a favor del Estado, la dinámica del conflicto, como quedó de manifiesto en abril y mayo, cuando medio centenar de guerrilleros murieron en bombardeos de la Fuerza Aérea.
Desde el aire, las Fuerzas Armadas colombianas consiguieron en los últimos años los más contundentes golpes a las FARC al terminar con algunos de sus principales líderes, lo que permitió al Gobierno dar la vuelta al tablero de la guerra y llevar a esa guerrilla a la mesa de negociación en La Habana.
Sin embargo dos graves accidentes y un ataque contra un helicóptero del Ejército han puesto esa superioridad táctica en problemas.
El pasado viernes once militares murieron en los alrededores del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar (norte) donde un avión Casa de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) usado para misiones de transporte e inteligencia se estrelló después de que el piloto informara de fallas técnicas.
El país no se había repuesto de ese duro golpe cuando este martes un helicóptero de la Policía cayó a tierra en el departamento de Antioquia (noroeste) mientras participaba en un operativo contra el Clan Úsuga, la mayor banda criminal del país.
En el accidente murieron 16 policías que se suman a los cuatro militares que perecieron el pasado 22 de junio cuando un helicóptero del Ejército aterrizó sobre un campo minado en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
La seguidilla de siniestros de unas fuerzas que se han caracterizado por su eficiencia en el combate ha causado estupor y las explicaciones del Gobierno no han sido lo suficientemente claras para algunos sectores, incluidos medios de comunicación, que dudan de la veracidad de las informaciones oficiales sobre lo ocurrido.
El expresidente Álvaro Uribe ha pedido en Twitter al Gobierno: «por favor, la verdad».
Pese a que el recién llegado ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, salió rápido a parar los rumores, éstos han ido creciendo alimentados, en buena medida, por los familiares de los policías fallecidos en el accidente de esta semana.
El rumor que crece pivota alrededor de la sospecha de que tanto el avión que cayó en Codazzi como, especialmente, el helicóptero policial pudieron haber sido atacados desde tierra y el Gobierno lo oculta.
Con todo ello este tipo de operativos están en el ojo del huracán pese al apoyo que la sociedad colombiana otorga a sus Fuerzas Armadas y de Policía.
En buena medida, ese apoyo y esa superioridad, que tanto las guerrillas como el Gobierno conocen, quedó en evidencia el mes pasado con el acuerdo entre el Ejecutivo y las FARC de reducir la intensidad del conflicto y acelerar las negociaciones de paz que desarrollan desde hace más de dos años y medio en Cuba.
Entonces, tras un alto el fuego de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender los bombardeos contra las bases operacionales de esa guerrilla, una medida que induce no solo la concentración de rebeldes en campamentos sino que supone un gran paso para reducir la intensidad del conflicto.
Al mandatario le han llovido las críticas por esa decisión desde diversos sectores que aseguran que supone un cese el fuego bilateral de facto.
Unas críticas que junto con los accidentes recientes han puesto los operativos aéreos en el centro del debate nacional por la sospecha de algunos sectores de que las Fuerzas Armadas están pagando las consecuencias de la decisión del Gobierno de bajarle la intensidad al conflicto con las FARC.
DC|EFE