El número de indocumentados que cruzó la frontera de Estados Unidos con México y fue detenido creció en julio, especialmente en la zona del Valle del Río Grande, el mismo lugar por donde entró de manera ilegal a mediados del año pasado una cifra récord de menores no acompañados, informaron fuentes oficiales.
El subjefe de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP), Ronald Vitiello, informó de este aumento en un documento judicial, con el que el alto funcionario apoya el recurso presentado por el Gobierno contra la orden de una jueza de California para liberar a las familias de los centros de detención de indocumentados, destacó Efe.
Para reforzar los argumentos del Ejecutivo, Vitiello explicó ante la Corte de California que la Patrulla Fronteriza no ha visto el descenso que esperaba en el número de niños no acompañados y familias que cruzaron en julio la frontera sur, a pesar del incremento del calor del verano.
«Es muy posible que la Patrulla Fronteriza haya apresado a más familias y niños no acompañados en julio que en junio, lo que cambia las tendencias históricas. La Oficina de Aduanas y Fronteras está pendiente de esta situación», subrayó Vitiello, que forma parte desde hace 30 años del cuerpo encargado de vigilar las fronteras.
El alto funcionario destacó que, en el año fiscal de 2015 (del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015), la Patrulla Fronteriza ha detenido a 26.685 niños no acompañados y 24.901 miembros de familias, lo que representa un descenso de entre el 54% al 55% respecto al año fiscal anterior.
Durante ese periodo, en el año fiscal 2014, el número de niños y padres detenidos en la frontera fue de 68.441, lo que supuso un aumentó del 361% con respecto al año anterior, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de los centros de detención.
En ese momento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió reabrir los centros de detención, que había clausurado en 2009, debido al gran número de familias que cruzaron de forma ilegal la frontera, huyendo la mayoría de la violencia de sus países de origen, principalmente El Salvador, Guatemala y Honduras.
Para mostrar que antes de la crisis migratoria las cifras eran mucho menores, Vitiello detalló que en el año fiscal de 2013 la Patrulla Fronteriza apresó en la frontera sur del país a 414.397 indocumentados, de los que 14.855 formaban parte de unidades familiares, lo que suponía el 3,5% del total de las detenciones.
En ese momento, antes de la reapertura de los centros de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de estas instalaciones, solo tenía 100 camas disponibles para familias, por lo que la mayoría de padres e hijos que cruzaban la frontera no eran puestos bajo custodia.
En vez de detenerlos, las autoridades migratorias ofrecían a las familias la posibilidad de ser deportadas a sus países de origen o se les dejaba en libertad dentro de Estados Unidos con la orden de comparecer ante un juez de inmigración para que se estudiara si podían recibir asilo, indicó Vitiello.
Su testimonio forma parte de una serie de documentos judiciales que el Gobierno entregó este jueves en la Corte del Distrito Central de California para revertir la decisión de la magistrada federal de California Dolly M. Gee, quien el 24 de julio ordenó liberar a los menores de los dos centros de detención de Karnes City y Dilley.
La primera de estas dos instalaciones, ambas ubicadas cerca de San Antonio (Texas), tiene capacidad para 532 personas, pero actualmente hay 193 internos, mientras que en Dilley permanecen detenidos 1.182 inmigrantes ilegales, aunque hay espacio para 2.400.
El tercer centro de detención operativo en el país es el de Berks (Pensilvania), donde hay internados 76 inmigrantes, aunque la capacidad es de 96, según datos que facilitó el ICE este viernes.
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