El estadounidense Vicente Eduardo García admitió la semana pasada haber sobornado a tres altos funcionarios del Gobierno panameño en el 2009, «con el fin de asegurar» la obtención «de contratos tecnológicos a SAP», de acuerdo con los documentos judiciales.
El secretario general de la Procuraduría General, Rolando Rodríguez, dijo este martes que la Fiscalía «recién inició una investigación de oficio sobre el hecho de pago de coimas (sobornos) que un alto ejecutivo de la multinacional SAP confesó ante el FBI en Estados Unidos».
La investigación está en manos de la fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, con base en «recortes de diarios» locales que «informan sobre el hecho punible de pago de coimas por un alto funcionario de SAP a funcionarios de la Caja del Seguro Social (CSS)», dijo Rodríguez en un comunicado oficial.
«En estos momentos estamos realizando averiguaciones sobre el caso, a la vez que estamos procurando contactar algunas autoridades en el extranjero, por medio de una asistencia judicial que se está preparando, con la posibilidad de conocer elementos que ellos nos puedan proporcionar para así identificar quiénes son los posibles vinculados al hecho punible señalado», dijo Rodríguez.
Agregó que la fiscal del caso solicitará «copia de la auditoría que realizó la Caja de Seguro Social sobre todos los contratos que se recibieron de la pasada administración para la adquisición del Programa SAP, con el propósito de ampliar las diligencias que se están realizando».
El exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Llorens dijo el viernes pasado estar «sorprendido» de que alguien se haya prestado a «negociar» algún contrato con SAP «en 2009, cuando aún no habíamos llegado al cargo, cuando lo que se hizo fue mediante una licitación pública».
Aclaró que SAP no solo firmó un contrato con la Caja de Seguro Social por 14,5 millones de dólares para suministrarle el sistema de administración financiera y de recursos humanos, «uno de los dos mejores del mundo», sino que también logró otros con el Metro de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo con los documentos judiciales estadounidenses, SAP pretendía lograr «a finales de 2009» un contrato multimillonario para proveer «a una agencia estatal panameña» un paquete para actualizar su tecnología.
Para asegurarlo, García pagó sobornos a dos altos funcionarios del Gobierno de Panamá y al agente de un tercero, que se materializaron en contratos simulados y facturas falsas para «disimular la naturaleza de los sobornos».
SAP logró el contrato de actualización de la tecnología por parte de la Administración, valorado en 14,5 millones de dólares, en los que incluía 2,1 millones para licencias de software de SAP, y posteriormente el Gobierno panameño otorgó más contratos a la multinacional alemana.
La confesión de García le permitió alcanzar un acuerdo amistoso con la comisión responsable de regular el mercado de valores en EE.UU., la SEC («Securities and Exchange Commission»), que había presentado cargos civiles contra él, por los que deberá abonar 92.395 dólares.
Queda pendiente, sin embargo, el caso abierto por el departamento de Justicia de EE.UU., que ha presentado cargos criminales contra el acusado y cuya sentencia se dará a conocer el 16 de diciembre de este año en los juzgados del distrito norte de California.
EE.UU. juzga estos hechos de acuerdo con la ley sobre prácticas de corrupción en el extranjero («Foreign Corrupt Practices Act»), por estar en ellos involucrado un ciudadano estadounidense y una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York.