La canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, viajaron a la ciudad de Cúcuta para conocer sobre la situación en la frontera con Venezuela, que está cerrada por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Holguín y Otálora examinarán la crisis causada por la deportación de cerca de 400 colombianos, entre ellos 42 menores de edad.
«Más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales», expresó la Defensoría del Pueblo.
El pasado jueves los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de las autoridades del vecino país tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que dejó tres uniformados y un civil heridos.
Luego del cierre de la frontera, el presidente Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, medida que entró en vigor el sábado, y cerró «hasta nuevo aviso» todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, por su presunto uso por parte de contrabandistas y paramilitares.
El viernes pasado la canciller Holguín manifestó que el cierre de la frontera colombo-venezolana era «una decisión soberana».
Entre tanto en las últimas horas la Defensoría gestionó albergue temporal para 180 ciudadanos que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria.
Según los registros oficiales, son más de 390 las personas que fueron obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora, al otro lado de la frontera, agrega la información.