El gobierno chileno, tras un acuerdo con el Parlamento, resolvió hoy congelar por un año los sueldos de la presidenta, Michelle Bachelet, ministros y otros altos cargos, además de los senadores y diputados, como una señal de austeridad frente a la desaceleración de la economía.
El ajuste de remuneraciones de trabajadores del sector público, que debe entrar en vigor el próximo 1° de diciembre, no incluirá a los más altos cargo del Estado, explicó tras firmar el acuerdo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
“La decisión incluye a la presidenta de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los intendentes (gobernadores) regionales: (el ajuste) tampoco se aplicará a las dietas de los senadores y diputados”, dijo.
La economía chilena afronta un ciclo de lenta recuperación tras un periodo de desaceleración que se extendió desde 2013 hasta 2014, cuando la economía creció solo un 1,9 %, frente a un 4,1 % del año anterior.
En el primer semestre de 2015, el PIB (Producto Interior Bruto) creció un 2,2 % interanual y a comienzos de septiembre recortó por segunda vez en lo que va de 2015 su previsión de crecimiento del PIB para el año, desde un rango de entre 2,25 % a 3,25 % a uno de entre un 2,0 % y un 2,5 %.
La volatilidad de la economía internacional, la ralentización de China, el principal socio comercial de Chile y la caída en el precio del cobre, el principal producto del país, son señalados como la causa del lento crecimiento, factores a los que se suman una baja demanda e inversión internas.
En ese contexto, el responsable de las finanzas públicas chilenas describió la congelación de sueldos anunciada como «una señal de austeridad del Estado en un momento en que hay otras prioridades”.
“Chile es menos rico de lo que esperábamos y esto significa que todos debemos ajustarnos a esa nueva realidad. Estas autoridades van a mantener constante sus remuneraciones en términos nominales al menos hasta noviembre de 2016”, afirmó.
Es la primera vez que el Ejecutivo y el Congreso de Chile acuerdan evitar el ajuste de las altas remuneraciones del Estado, en medio del escenario de freno en la economía, a lo que se suma una reasignación de recursos presupuestarios por la emergencia que supone el terremoto del pasado 16 de septiembre en algunas regiones del país.