Grupos en Florida a favor de los inmigrantes rechazaron el viernes un proyecto de ley que “criminaliza” a los indocumentados que enfrentan una orden final de deportación, al tipificar como delito su permanencia en el estado.
La propuesta HB-9, presentada por el representante republicano Carlos Trujillo, “prohíbe la presencia en el estado de personas sujetas a órdenes finales de deportación a menos que estas órdenes estén en revisión judicial”.
“Él es de una familia de inmigrantes como muchos de nosotros, pero está proponiendo leyes que criminalizan a los inmigrantes”, cuestionó Rudy Pérez, presidente del grupo proinmigrante WeCount!.
WeCount! y otros grupos de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), como United Families y Women Working Together USA, tienen previsto realizar una protesta este domingo contra este proyecto de ley en la ciudad de Doral, contigua a Miami.
Julio Calderón, de FLIC, lamentó que Trujillo “quiera mandar 30 años a la cárcel” a familias que, como la suya, ha enfrentado la deportación.
“No teníamos un abogado. Mi padre envió una carta al juez pidiendo una nueva cita en la corte, pero no aceptaron”, recordó Calderón, estudiante en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Un proyecto legislativo en el mismo sentido, el SB-118, fue presentado en el Senado estatal por republicano Travis Hutson.
Ambas iniciativas establecen penas de hasta 30 años de prisión y una multa de 10,000 dólares para los indocumentados con orden final de deportación que sean hallados culpables.