Harry Díaz, magistrado fiscal en el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos en su gobierno, presentó ayer ante el juez de garantías –Jerónimo Mejía– una acusación en su contra por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.
La acusación fue presentada un día después de declarar cerrada la investigación por las escuchas, que comenzó el 13 de agosto.
Díaz también pidió al juez la apertura del juicio oral a Martinelli, y remitió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) una notificación para que a través de Interpol se emita una alerta azul para ubicar al exmandatario.
Martinelli salió de Panamá el 28 de enero pasado con rumbo a Guatemala –donde está la sede del Parlacen– y su paradero es desconocido.
Díaz sustentó en el escrito que Martinelli dio órdenes a miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para realizar las interceptaciones de comunicaciones.
Destacó que el exgobernante estableció un aparato organizado de poder, a través del cual giraba instrucciones al CSN para ejecutar estas actividades ilícitas que violan los derechos humanos.
El fiscal anunció que en el juicio oral presentará documentos y testimonios de exministros y exfuncionarios que estuvieron cerca del poder con Martinelli e hicieron señalamientos sobre los pinchazos.
Ángel Álvarez, abogado de varias de las víctimas que se querellaron en este proceso, dijo que solicitó al fiscal que tramite una orden de detención contra Martinelli por la gravedad de los delitos que se le acusan. Indicó que la alerta azul solo lo pone en preaviso y permite que el supuesto infractor evada la justicia.
En tanto, la defensa de Martinelli señaló que el fiscal Díaz violó el Código Procesal Penal al obviar la fase de imputación de cargos y presentar la acusación.
PIDEN HASTA 21 DE CÁRCEL
Tras concluir la investigación por las interceptaciones telefónicas durante el pasado gobierno, que afectaron a por lo menos 150 personas, en su mayoría opositores, el magistrado fiscal Harry Díaz pidió hasta 21 años de cárcel para el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente del país Ricardo Martinelli.
En el escrito de acusación, que presentó la tarde de ayer ante el juez de garantías de la causa, Jerónimo Mejía, el magistrado fiscal acusó a Martinelli de la supuesta comisión de cuatro delitos y solicitó aplicar la pena máxima en cada uno de ellos.
El fiscal también pidió al juez de garantías la apertura del juicio oral del proceso que se le sigue al diputado.
LOS DELITOS Y LAS PENAS
Por el delito contemplado en el artículo 167 del Código Penal –interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial–, el fiscal solicita la aplicación de una pena de cuatro años.
Por el delito establecido en el artículo 168 del mismo código –seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial– pide cuatro años de cárcel.
Además, por el delito establecido en el artículo 338 del Código Penal –peculado por sustracción o malversación– solicita la pena de 10 años; mientras que por el delito señalado en el artículo 341 del mismo código –peculado de uso–, el fiscal solicita al juez que aplique la pena de 3 años de cárcel.
Díaz concluyó este jueves, 8 de octubre, la investigación seguida a Martinelli por las escuchas en su mandato, que fue admitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 12 de agosto.
Durante las investigaciones, el fiscal Díaz entrevistó a varios testigos y víctimas de los pinchazos, quienes vincularon al expresidente con dichas interceptaciones.
Este expediente llegó a la CSJ, luego de que en la investigación que instruyó el Ministerio Público, agentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y un testigo protegido señalaron a Martinelli como el supuesto responsable de los pinchazos telefónicos.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que instruyó el expediente en el Ministerio Público, logró que el Juzgado Decimosexto Penal llamara a juicio a los exjefes del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, actualmente detenidos en El Renacer, y a los exagentes del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, prófugos.
El juicio se celebrará en marzo de 2016.
DC|LP