Panamá tiene que «revisar» las 110 leyes que exoneran «un par de miles de millones de dólares» de impuestos y verificar si «han cumplido su cometido» si quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, afirmó hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia.
El titular de Economía y Finanzas se refirió a que el país «recientemente suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible» de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza y tiene que «generar suficientes ingresos para poder alcanzarlos».
De La Guardia, en una reunión con periodistas, expuso que Panamá «es uno de los países en donde la presión fiscal es una de las más bajas en América Latina».
Según sus cifras, el fisco apenas recauda el equivalente al 10 % del Producto Interior Bruto (PIB), cuando «en países de mediano desarrollo es equivalente al 20 % y en los de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es del 30 %».
«Eso es un proceso gradual, pero lo que no podemos es estar firmando compromisos de erradicar la pobreza en el exterior y aquí grupos económicos están pidiendo más exoneraciones sobre las que ya tienen, o sea que quieren privatizar las ganancias y socializar las pérdidas», consideró el ministro.
Sentenció que «esa no es la forma de sacar de la pobreza a un país. Panamá no puede seguir cobrando impuestos como si fuera Haití», el país más pobre de América, explicó.
Las 110 leyes de exoneraciones, subsidios y distribución de recursos «hay que revisarlas, verificar si cumplieron el cometido para el que fueron creadas y ponerles fecha de cumpleaños, no pueden ser permanentes», insistió de La Guardia.
No obstante, reiteró que el Gobierno «no va a aumentar impuestos», pero citó como ejemplo que «por algo coyuntural propio del ciclo económico» los empresarios de la Zona Libre de Colón quieren que se les rebaje las tasas de impuestos por sus operaciones nacionales.
«Eso no va a solucionar su problema de falta de ingresos, porque es un asunto de mercado, no producto de una política nacional», explicó de La Guardia, quien sostuvo que una exoneración de impuestos tiene que ser «acompañada de una renta sustitutiva».
Las leyes de incentivos «son para lograr el desarrollo de una actividad, elevar la competitividad, si son subsidios son para elevar el nivel educativo, no pueden ser permanentes, por eso hay que debatir sobre esto y revisar si han cumplido o no sus objetivos», enfatizó.
El titular de Economía señaló que solo en una revisión parcial de algunos sectores exonerados se estableció que el fisco deja de recaudar 800 millones de dólares anuales.
La cifra se eleva a «un buen par de miles de millones de dólares» si se ve el conjunto de personas y empresas que se benefician de las 110 leyes de exoneraciones, subsidios y distribución de recursos.
«Firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora nos queda pendiente de dónde van a salir los recursos para alcanzarlos, y hay muchas necesidades, todos los días lo vemos, y Panamá es un país de renta media, o sea que de país receptor de ayuda tiene que evolucionar a donante», detalló.
Las exoneraciones en Panamá abarcan actividades en el sector comercial, industrial y de servicios, y los subsidios o ayudas condicionadas se destinan a la población más vulnerable tanto en salud como vivienda, educación y alimentación.
Panamá registró en el primer semestre de este año un crecimiento del PIB del 5,9 % e inflación del 0,03 %, mientras el resto de Latinoamérica está en recesión con una proyección de menos de 0,3 % a fin de año.
La pobreza general se fijó en marzo pasado en el 23 % (905.257 personas) de la población de casi cuatro millones de habitantes, mientras que la indigencia en 10,3 % (403.365), lo cual se considera «vergonzoso» por su alto nivel de crecimiento económico.
En agosto de 2010 la pobreza era del 29,8 % y la indigencia del 12,2 %, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.
DC/EFE